Piden al ministro de Justicia retirar ley de sometimiento ante riesgos internacionales
Abogado y Fundación Dilo solicitan revisión del proyecto de ley por implicaciones en la lucha antidrogas de Colombia.
Solicitudes al ministro de Justicia
En una carta dirigida al ministro de Justicia (e), Augusto Ocampo, y a la Comisión de Política Criminal, el abogado Mauricio Pava, junto con la Fundación Dilo, ha solicitado la retirada inmediata del proyecto de ley de sometimiento. Esta petición surge ante las serias dudas que se han planteado respecto a la legalidad del mismo.
Implicaciones internacionales del proyecto
Los firmantes de la carta expresaron que un respaldo gubernamental a esta iniciativa legislativa podría resultar profundamente “inconveniente” en el ámbito internacional. Este riesgo se intensifica en un momento en el que el compromiso de Colombia en la lucha contra el narcotráfico ha sido objeto de cuestionamientos, lo que podría llevar a una posible descertificación y a sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
Credibilidad del Estado colombiano en riesgo
En este contexto, los solicitantes advirtieron que la aprobación de un marco jurídico que sea percibido como laxo y favorable a los narcotraficantes podría afectar gravemente la credibilidad del Estado colombiano. Esta situación no solo debilitaría los compromisos de cooperación judicial, sino que también pondría en entredicho la verdadera voluntad del país para combatir el crimen organizado transnacional.
“En tales circunstancias, la aprobación de un marco jurídico percibido como laxo y favorable a los narcotraficantes afectaría gravemente la credibilidad del Estado colombiano”, indicaron los firmantes.
Revisión técnica y constitucional
En el documento enviado, los solicitantes enfatizaron la necesidad de llevar a cabo una revisión “técnica constitucional y de política criminal integral” del proyecto de ley. Esta revisión debe ser profunda y garantizar que el marco de sometimiento propuesto sea respetuoso de la Constitución, además de no chocar con los Acuerdos de Paz firmados en 2016.
Petición formal de retiro del proyecto
La carta también señala que, más allá de cualquier consideración política, se solicita respetuosamente que el ministro Ocampo proceda al retiro del Proyecto de Ley 002 de 2025. Esto permitiría abrir un espacio para una revisión técnica y concertada, donde se puedan considerar las múltiples implicaciones del proyecto en cuestión.
Cuestionamientos de organismos internacionales y nacionales
En la misiva, Mauricio Pava recordó que el proyecto de ley que actualmente está en circulación ha sido objeto de críticas por parte de la Misión de Verificación de la ONU, la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones de víctimas. Estas entidades han expresado sus preocupaciones sobre las posibles consecuencias que el marco de sometimiento podría tener en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la protección de los derechos humanos.
Reparos de la Corte Suprema de Justicia
Asimismo, Pava enfatizó los serios reparos formulados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esta entidad alertó sobre la falta de deliberación pública, la ausencia de garantías reales para las víctimas y la improcedencia del trámite del proyecto como ley ordinaria. Estas observaciones subrayan la necesidad de un análisis más exhaustivo antes de avanzar con la propuesta legislativa.
“Alertó sobre la falta de deliberación pública, la ausencia de garantías reales para las víctimas y la improcedencia del trámite como ley ordinaria”, se lee en el documento.
Críticas adicionales al proyecto
En adhesión a los argumentos presentados por la Corte, Mauricio Pava y la Fundación Dilo también recordaron que otro de los puntos más criticados del proyecto es la falta de un análisis fiscal, institucional y penitenciario. Esta ausencia de un estudio integral podría tener repercusiones significativas en la implementación de la ley y en la capacidad del Estado para manejar los desafíos que esta iniciativa podría traer consigo.
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