Fiscalía prepara acusación contra exsecretaria de Educación de Medellín de Daniel Quintero por irregularidades en contrato de Buen Comienzo

En medio de un proceso de investigación llevado por la Fiscalía General de la Nación en torno al direccionamiento de recursos e la Alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero, y más específicamente, la asignación de recursos para el programa de atención infantil Buen Comienzo, dos exfuncionarios de dicho gobierno serán acusados; una de ellas, la propia secretaría de Educación de la época.

Martha Alexandra Agudelo Ruíz, quien durante el pasado gobierno distrital de Medellín se desempeñó como secretaria de Educación, será acusada por la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de Buen Comienzo, en el que se presume que la jefa de la cartera habría direccionado recursos.

El caso por el que el ente acusador vincula a Agudelo y a otros dos individuos, incluida la exdirectora técnica del programa Buen Comienzo, tiene que ver con la asignación de un contrato para "la atención integral a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes a través de la modalidad Entorno Familiar del programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín".

En dicho proceso, según lo señala la Fiscalía, quien leyó la formulación de cargos a Agudelo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos, solo habrían participado empresas con evidentes nexos entre sí, obviando la pluralidad de oferentes exigida por la ley.

Por este mismo caso, Agudelo ya había sido sancionada el pasado 27 de mayo, por la Procuraduría General de la Nación, con inhabilidad para ejercer cargos públicos por ocho años. 

De acuerdo con el Ministerio Público, "la Secretaría de Educación de Medellín celebró contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la Corporación Colombia Avanza bajo contratación directa; sin embargo, dicha modalidad de selección escogida no se ajustaba al objeto, necesidad, líneas de trabajo y obligaciones específicas que debía cumplir el contratista, pues las condiciones establecidas desde la etapa precontractual imponían al contratante el deber de iniciar el proceso teniendo en cuenta otra modalidad de selección precedida de una convocatoria pública".

Con esa premisa, la Fiscalía le puso la lupa al caso. Así, determinó que el representante de la firma 'Impulsando a mi País' tuvo un vínculo laboral previo con Colombia Avanza, lo que el ente acusador considera un posible conflicto de interés en el proceso de contratación. 

En su argumentación, la Fiscalía señaló que no hubo pluralidad de oferentes en el proceso de contratación en tanto se realizó una invitación privada a tres empresas relacionadas entre sí. 

En el caso expuesto por la Fiscalía en la audiencia que tuvo lugar en la tarde del 31 de julio, el ente acusador explicó que Colombia Avanza integró la base de oferentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar unos meses antes de la firma del contrato con Buen Comienzo en el año 2019. 

En ese mismo sentido, Colombia Avanza recibió un contrato que extralimitaba sus capacidades de gestión salarial mensual con un convenido de 23.000 salarios mínimos. La Fiscalía calificó esta conducta como irregular.

En ese marco de investigación, la Fiscalía vinculó a Lina María Gil, exdirectora técnica del programa Buen Comienzo, quien en los documentos del contrato aparece invitando formalmente a Colombia Avanza y definiendo los costos de los paquetes alimenticios considerados dentro del convenio. Estos precios los habría definido por medio de supermercados y no de distribuidores mayoristas como estaría indicado.

Por otro lado, durante el proceso, el ente acusador habría establecido que contrario al caso de los demás operadores del programa Buen Comienzo a los que les correspondía aportar recursos, a través de su contrato particular, Colombia Avanza habría recibido un beneficio del 7 por ciento. 

Finalmente, en lo expuesto por la Fiscalía se reveló que a pesar de que el contrato incluía tareas logísticas de entrega y almacenamiento, esas actividades fueron gestionadas con personal y espacios de la administración municipal, como el Inder y Plaza Mayor, lo que repercutió en gastos innecesarios para el erario.

Fuentes de la Fiscalía precisaron que la acusación contra Martha Alexandra Agudelo, Lina María Gil y Henry Paulison Gómez Montoya, el representante legal de Colombia Avanza, no ha quedado en firme en tanto la audiencia continuará el próximo 2 de octubre y todavía quedan instancias que sortear para que los cargos formulados cobren vigencia. 

Periodista de Nación, en Medellín.