Judicialización de dragoneantes del Inpec por abuso sexual en la cárcel El Pedregal
La Fiscalía General de la Nación ha tomado medidas contra dos dragoneantes del Inpec, acusados de agresiones sexuales a una reclusa en Medellín.
Escándalo en la cárcel El Pedregal
La situación en la cárcel El Pedregal de Medellín ha generado una profunda conmoción a nivel nacional tras la judicialización de dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La Fiscalía General de la Nación ha actuado en consecuencia, acusando a estos funcionarios por su presunta implicación en el abuso sexual de una mujer que se encontraba privada de la libertad.
Detalles del caso
La denuncia fue presentada por la propia víctima, quien relató a las autoridades que la madrugada del 29 de agosto de 2024, un dragoneante ingresó a su celda. Durante este incidente, la mujer fue agredida tanto física como verbalmente, y sufrió un abuso sexual en medio de amenazas que buscaban intimidarla y silenciarla. Una semana después, el horror se repitió, esta vez a manos de otro dragoneante, quien también utilizó amenazas para coaccionarla a guardar silencio sobre lo sucedido.
Investigación y pruebas forenses
La Dirección Especializada contra la Corrupción tomó el caso bajo su ala, trabajando en conjunto con la Policía Judicial. Esta colaboración fue fundamental para identificar a los presuntos agresores, quienes han sido identificados como Christian y Diego Castaño. Las pruebas de ADN jugaron un papel crucial en la investigación, ya que confirmaron que uno de los implicados, Diego Castaño, fue el responsable de dejar a la víctima en estado de embarazo.
Operativo y captura de los implicados
La captura de los dragoneantes se llevó a cabo gracias a operaciones realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional. Estas acciones se desarrollaron en localidades como La Dorada, en Caldas, y Puerto Triunfo, en Antioquia. La Fiscalía ha imputado a ambos funcionarios por los delitos de acceso carnal violento agravado y prevaricato por omisión, aunque hasta el momento, ninguno de los acusados ha aceptado los cargos en su contra.
Medidas judiciales
Ante la gravedad de los hechos, un juez de control de garantías ha decidido que Diego Castaño sea trasladado a un centro carcelario, mientras que Christian Castaño permanecerá vinculado a la investigación, aunque no ha sido encarcelado en este momento. Esta decisión judicial refleja la seriedad de las acusaciones y la necesidad de garantizar que se haga justicia en un caso que ha perturbado a la sociedad y ha puesto en tela de juicio la conducta de los funcionarios encargados de la custodia de los reclusos.
Impacto social y reacción pública
El escándalo ha generado un amplio debate en la opinión pública sobre la seguridad de las mujeres en las cárceles y la responsabilidad de las instituciones penitenciarias. Las denuncias de abuso sexual en entornos carcelarios no son un fenómeno nuevo, pero este caso específico ha resaltado la urgencia de abordar la problemática de manera integral. La ciudadanía exige respuestas y medidas concretas que eviten que situaciones similares se repitan en el futuro.
“Es inaceptable que quienes deben proteger a los reclusos sean los mismos que cometen abusos contra ellos”, declaró un representante de organizaciones defensoras de derechos humanos.
La atención mediática y la presión social han llevado a las autoridades a comprometerse a realizar investigaciones más exhaustivas y a implementar protocolos más estrictos para prevenir el abuso dentro de las cárceles. La denuncia de la víctima ha sido un acto de valentía que podría contribuir a un cambio necesario en el sistema penitenciario colombiano.
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