Defensoría advirtió sobre crítico estado de los derechos de salud: manifiestan urgencia de una reforma
De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín, el 2025 cerrará con 315 mil tutelas, el doble de las interpuestas en 2022.
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el crítico estado de los derechos de salud en el país, asegurando que, el 2025 cerrará con 315 mil tutelas, el doble de las interpuestas en 2022.
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Desde Barraquilla, la defensora, Iris Marín manifestó la urgencia de una reforma a la salud, con cambios estructurales que garantice el acceso de los ciudadanos al sistema.
De acuerdo con lo señalado por Marín, entre 2022 y 2025, la entidad recibió cerca de 35 mil quejas por vulneración del derecho a la salud.
De las anteriores, el 80% corresponde a problemas en la entrega de medicamentos.
La información se conoció a partir de más de 3.400 encuestas que revelaron que, entre los principales medicamentos que no se entregan oportunamente, se encuentran: Metformina, Valsartán e Insulina Glargina y los utilizados en diagnósticos de salud mental y otras condiciones neurológicas (Quetiapina y Ácido Valproico), así como en salud materna (Ácido Fólico).
“El impacto económico que tiene para una persona la compra de un medicamento que no le fue entregado, debido a las desigualdades económicas existentes en el país, representa entre un 7% y un 90% de sus ingresos mensuales, lo cual afecta el goce de otros derechos como a la alimentación, educación y vivienda digna”, señaló la Defensoría.
De acuerdo con la Defensoría, en los últimos 5 años y 8 meses, ya son más de 1 millón las acciones jurídicas que han sido radicadas ante la Corte Constitucional, invocando el derecho a la salud entre enero del 2020 y agosto del 2025.
Tan solo en el 2025, el 33,85% de las tutelas interpuestas corresponde al mismo derecho, siendo el segundo más invocado en el país.
“La Defensoría ha acompañado e interpuesto 18.451 tutelas entre enero y agosto del 2025, recurso judicial con el que ha sido solicitado el amparo del derecho fundamental a la salud. El 24% de las acciones estuvo relacionado con la negación en la entrega o acceso a medicamentos esenciales. Los departamentos con mayores casos registrados fueron Quindío (14%), Caldas (12%) y Antioquia (8%)”, señaló Marín.
Entre los principales hallazgos en el sistema de salud, se encuentra la falta de transparencia financiera de EPS, IPS y gestores farmacéuticos, acompañada de falencias en la rendición de cuentas; los retrasos y atascos en los pagos que afectan la disponibilidad de medicamentos y servicios; la distorsión de la cadena logística, que desplaza la atención hacia el canal comercial privado mientras el institucional asume los medicamentos de alto costo y las barreras administrativas y cambios en gestores farmacéuticos con capacidades insuficientes.
Adicionalmente, se ubicó a Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia, como los departamentos donde las vulneraciones al derecho a la salud son más críticas, seguidos de La Guajira, Arauca, Amazonas, Putumayo, Nariño, Vaupés, Córdoba, Guaviare, Risaralda, Caldas y Quindío.
Por los crecientes reclamos, también se implementó una estrategia de Repuesta Inmediata y Puestos de Mando Unificado- PMU, priorizando 18 regionales de la Defensoría para atender la situación.
“Los testimonios recopilados en los PMU sugieren que los usuarios corren el riesgo de ver afectada su calidad de vida y, en algunos casos, poner en riesgo su vida debido a la falta de atención o entrega de medicamentos”, detalló la entidad.
Ante la gravedad de los hechos, expusieron la necesidad de una Reforma Estructural consensuada, que asegure equidad, sostenibilidad financiera y enfoque diferencial, fortaleciendo las capacidades locales; así como mecanismos de coordinación institucional, transparencia, atención con enfoque territorial, vigilancia y participación ciudadana y fortalecimiento institucional.
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“El Gobierno no debe negar su responsabilidad en establecer transiciones menos inciertas y traumáticas en su propuesta de transformación del sistema, en su deber de garantizar el derecho a la salud y en su obligación de escuchar todas las voces, incluida la de esta Defensoría, cuyo rol es acercar a las partes para aliviar el sufrimiento que, sin ninguna duda, hoy padece la población colombiana”, dijo Marín.
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