Así es como habrían desfalcado al Inder y a Metroparques durante la Alcaldía de Quintero, según la Fiscalía
La Fiscalía detalló cómo se habrían desviado más de 3.500 millones de pesos de recursos públicos para privados. Esto dijo el juez:
La Alcaldía de Medellín, el Instituto de Deportes y Recreación (INDER) y la empresa Metroparques fueron formalmente reconocidos por el Juzgado 28 Penal del Circuito de Medellín como víctimas en un proceso judicial por presuntos actos de corrupción que ascenderían a más de $3.500 millones durante la administración del alcalde Daniel Quintero.
Esta decisión se tomó durante la audiencia de formulación de acusación contra la exdirectora del INDER, Diana Toro; los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez; y el representante legal de la empresa CYAN Eventos y Logística S.A.S., Mauricio Jaramillo Botero.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, los implicados presuntamente manipularon y fraccionaron la contratación pública con el fin de evadir los controles legales, favorecer indebidamente a un proveedor y permitir el pago de bienes con presuntos sobrecostos injustificados. Se presume que solo en elementos como uniformes, balones y medallas, los sobrecostos identificados superarían los $3.700 millones, lo que constituiría el presunto delito de peculado por apropiación agravado.
Las pesquisas preliminares apuntan a que el presunto entramado se habría iniciado con el contrato interadministrativo N.º 6700013390 de 2020 entre el INDER y Metroparques, por una suma superior a los $21.800 millones, el cual presuntamente no habría cumplido con los requisitos legales mínimos exigidos. A este contrato se le habrían realizado siete modificaciones, extendiendo su valor hasta $24.200 millones sin aparente sustento técnico ni estudios de mercado.
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Posteriormente, Metroparques habría celebrado el contrato 20201300728 con la firma CYAN Eventos y Logística, cuya selección se habría realizado a través de una cuestionada invitación privada que presuntamente limitó la pluralidad de oferentes, exigió condiciones arbitrarias de experiencia, otorgó un plazo de solo un día para presentar ofertas y culminó con una selección sin propuestas económicas claras. Se presume que la empresa beneficiada no contaba con la capacidad logística necesaria y habría terminado subcontratando organizaciones sociales, generando una cadena de intermediación que habría elevado aún más los costos.
Durante la ejecución de los contratos entre 2020 y 2022, la Fiscalía habría determinado que los tres exfuncionarios y el contratista privado presuntamente se apropiaron indebidamente de recursos públicos de Presupuesto Participativo por las siguientes sumas:
Diana Toro: $1.999 millones
Jorge Liévano: $1.999 millones
María Eugenia Domínguez: $3.705 millones
Mauricio Jaramillo (CYAN Eventos): $3.705 millones
Este presunto nuevo caso de corrupción se suma al ya conocido caso de Aguas Vivas y podría evidenciar lo que se investiga como una posible estructura sistemática de corrupción durante la administración del exalcalde Daniel Quintero, quien actualmente enfrenta múltiples procesos judiciales.
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