Admiten demanda contra el Ministerio de Educación y el Servicio Geológico por uso político de redes sociales
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acepta la demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, acusando a las entidades de promover agendas políticas en sus cuentas oficiales.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha dado un paso significativo al admitir las demandas interpuestas por la Fundación para el Estado de Derecho contra el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Esta acción legal se basa en la acusación de que ambas instituciones han utilizado sus cuentas oficiales en redes sociales para fines políticos, lo que contraviene su misión institucional y el marco normativo establecido.
Contexto de la demanda
Las demandas que ahora serán analizadas por el alto tribunal enfatizan que en las cuentas oficiales del Ministerio de Educación y del SGC se estarían promoviendo mensajes que benefician a la figura del presidente de la República, Gustavo Petro. Esta situación ha generado preocupación entre los ciudadanos y los organismos de control, quienes ven en esta práctica un posible abuso de poder y un desvío de los recursos públicos.
La Fundación para el Estado de Derecho sostiene que durante los meses de septiembre y octubre de 2025, se hizo un uso indebido de la infraestructura comunicativa del Estado. Según su argumentación, esta acción no solo contraviene el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 —también conocido como el Estatuto Anticorrupción—, sino que también pone en riesgo la integridad de las instituciones públicas.
Uso de redes sociales por el Servicio Geológico Colombiano
En el caso del Servicio Geológico Colombiano, la demanda indica que sus cuentas de redes sociales, que deberían estar enfocadas en informar a la ciudadanía sobre temas de interés público, han sido utilizadas para difundir contenido político y proselitista. Esta práctica es especialmente alarmante dado que el SGC tiene como misión principal el monitoreo sísmico y geológico, así como la gestión de riesgos naturales.
“El SGC, una entidad científica cuya misión es el monitoreo sísmico y geológico, difundió mensajes asociados a campañas políticas y proselitistas del Gobierno, utilizando hashtags como #SeRobaronLaSalud, y otros para convocar a movilizaciones”,
se señala en el documento de la demanda. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la objetividad y la imparcialidad de las instituciones que deben servir al interés general y no a intereses particulares o políticos.
Declaraciones de la Fundación para el Estado de Derecho
El director de la Fundación para el Estado de Derecho, Andrés Caro, ha expresado su preocupación respecto a este asunto. En sus declaraciones, Caro enfatizó que “el uso de una cuenta destinada a alertar a la población sobre riesgos naturales para fines de propaganda es preocupante, pues se puso temporalmente al servicio de un objetivo político un canal cuya razón de ser es la protección de la vida y la gestión del riesgo”. Esta afirmación resalta el conflicto entre las responsabilidades institucionales y las acciones que pueden interpretarse como propaganda política.
Acciones del Ministerio de Educación
Por otro lado, el Ministerio de Educación también ha sido señalado por prácticas similares. Desde su cuenta oficial, se habrían compartido publicaciones que contenían mensajes de carácter político, los cuales no se alinean con las funciones institucionales de la cartera educativa. Estas publicaciones incluían convocatorias y llamados a la movilización, lo que ha llevado a cuestionar la legitimidad de tales acciones.
“El uso de recursos institucionales para promover agendas políticas desnaturaliza la función pública, otorga ventajas comunicativas indebidas al Gobierno, afecta la igualdad democrática y puede derivar en faltas disciplinarias, fiscales y administrativas”,
se menciona en la demanda de la Fundación. Este tipo de afirmaciones pone de manifiesto la necesidad de que las instituciones mantengan su independencia y se apeguen a los principios de transparencia y ética pública.
Implicaciones legales y sociales
La admisión de esta demanda por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca abre un proceso que podría tener repercusiones significativas en la forma en que las instituciones públicas utilizan sus plataformas de comunicación. La situación resalta la importancia de que las entidades del Estado actúen dentro de los límites establecidos por la ley y se abstengan de involucrarse en actividades que puedan ser vistas como politización de sus funciones.
En un contexto donde la confianza pública en las instituciones es crucial, las acciones del Ministerio de Educación y del Servicio Geológico Colombiano serán objeto de escrutinio. La sociedad civil y los organismos de control estarán atentos a los resultados de este proceso, que podría sentar un precedente importante sobre el uso adecuado de los recursos y plataformas del Estado.
Publicar un comentario