El tribunal niega competencia al consorcio CCC en el caso Hidroituango
La demanda inicial de la administración de Daniel Quintero contra el Consorcio CCC Ituango, iniciada en 2021, ha tenido un giro significativo en el ámbito judicial.
La crisis provocada por la contingencia en el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, que comenzó en marzo de 2018, ha dado lugar a un nuevo desarrollo en el ámbito judicial. En enero de 2021, la administración del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, presentó una demanda inicial por un monto de 9.9 billones de pesos contra el Consorcio CCC Ituango. Sin embargo, este proceso legal fue finalmente admitido en junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, aunque con una notable reducción en la cifra reclamada, que ahora asciende a 6 billones de pesos.
Contexto de la demanda
La situación en torno a Hidroituango ha sido compleja y ha estado marcada por diversas controversias. Según David Suárez, abogado especialista en derecho público, ha quedado claro a través de múltiples decisiones judiciales que la contingencia ocurrida entre marzo y abril de 2018 no fue responsabilidad del consorcio constructor. Por el contrario, se ha establecido que Empresas Públicas de Medellín (EPM) tuvo que indemnizar al consorcio con una suma considerable de 70 mil millones de pesos.
“Lo importante es que a través de varias decisiones ha ido quedando como claro que la contingencia de marzo-abril del 18 no fue responsabilidad del consorcio constructor y que al contrario a EPM le tocó pagarle 70 mil millones”,
añadió Suárez, quien también expresó su preocupación por un fallo de la Contraloría General de la República que condenó a varias personas supuestamente implicadas en las obras de Hidroituango.
Desarrollo judicial reciente
El 6 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia tomó una decisión que representó un revés para la demanda. Al resolver recursos de término, el tribunal determinó que no tenía jurisdicción ni competencia para continuar el proceso contra los constructores, que incluyen a Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa. Esta resolución implica que la demanda por un monto de 6 billones de pesos continuará únicamente contra el diseñador del proyecto y los interventores.
Suárez también comentó sobre la duración del proceso, señalando que podría prolongarse varios años. “La demanda sigue en el tribunal administrativo y es una demanda que puede durar tres o cuatro años aquí en el tribunal y otros tres o cuatro años en el tribunal, y otros cuatro o cinco en el Consejo de Estado”, explicó. Este prolongado proceso judicial plantea dudas sobre la capacidad financiera de los involucrados. “Lo más preocupante es que seguramente ya el diseñador que era Integral y los interventores no creo que cuenten con un patrimonio y una fuerza económica suficiente en caso de que esa condena sea en contra de ellos”, agregó el abogado.
Implicaciones de la decisión
La reciente decisión del tribunal ha dejado en entredicho la solidez de las acciones legales que fueron lideradas por el entonces alcalde Quintero. La situación actual plantea interrogantes sobre la efectividad de las estrategias legales implementadas en su momento. A medida que el proceso avanza, se espera que surjan nuevos desarrollos que puedan influir en el resultado final de este caso que ha capturado la atención pública y mediática desde su inicio.
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En el contexto de los desafíos que enfrenta la región, se han generado expectativas sobre otros proyectos, como el Puerto Antioquia, que se anticipa transformará socialmente la región de Urabá. Este tipo de iniciativas podría ofrecer un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre que rodea a Hidroituango.
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