Procuraduría exige al gobierno mejorar protección a la oposición tras homicidio de Miguel Uribe
Informe de la Procuraduría General de la Nación destaca vacíos en las garantías de seguridad para la oposición y reincorporados.
La Procuraduría General de la Nación, en su séptimo informe de seguimiento al acuerdo de paz, expresó preocupaciones sobre las garantías de protección a la oposición tras el homicidio del exsenador Miguel Uribe Turbay.
Vacíos en la protección a la oposición
El ente de control cuestionó especialmente el papel de la Fiscalía y la UNP, pidiendo mayores medidas y un seguimiento más estrecho.
“Se identificaron vacíos estructurales en las garantías de seguridad para la oposición, evidenciados en la entrega de información fragmentada e incompleta por parte de UNP y Fiscalía.”
El informe de 593 páginas señala la ausencia de avances verificables hacia la implementación de un programa de protección específico establecido por la normativa vigente.
Garantías de seguridad para firmantes de paz
La Procuraduría también mostró su preocupación por las garantías de seguridad para los reincorporados, mencionando cerca de 80 asesinatos de firmantes de paz sin que haya existido una sola sentencia condenatoria contra los responsables.
“De 79 casos de homicidio de firmantes de paz no hay ninguno con sentencia en el período de análisis.”
Los homicidios están geográficamente dispersos, con alta concentración en departamentos como Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Cauca, entre otros.
Además, se cuestionó la falta de una política de seguridad que mejore las condiciones en los territorios para líderes sociales y lideresas.
“La falta de garantías de seguridad efectivas representa una amenaza directa a la vida de los actores clave de la paz.”
Problemas con drogas ilícitas y sustitución de cultivos
En relación con el problema de las drogas ilícitas, el informe expone falencias en el programa de sustitución, el PNIS, y el Plan de Atención Inmediata (PAI).
“La atención brindada ha sido parcial y tardía, limitada principalmente a la entrega de subsidios condicionados a la erradicación.”
La Procuraduría criticó la falta de voluntad política para la creación del Programa Nacional de Intervención Integral Frente al Consumo de Drogas Ilícitas.
En lo que respecta a la erradicación de cultivos ilícitos, los resultados son insatisfactorios, con un contraste entre la disminución del presupuesto para operaciones militares y el aumento de grupos armados ilegales en las áreas con mayor concentración de cultivos.
Desempeño de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
El informe también señala importantes fallas en los proyectos de sanción propuestos por los comparecientes y la limitada participación de las víctimas en el proceso.
“Aún se encuentran fallas en la coordinación entre las entidades del Sistema Integral para la Paz, lo cual ha limitado la implementación territorial de los proyectos de sanción.”
Publicar un comentario