Procurador pide a la Corte Constitucional dejar en firme decreto de conmoción interior
Para el jefe del ministerio público, el Gobierno argumentó debidamente la ineficacia de las medidas ordinarias adoptadas para solventar la crisis de orden público, y explicó el por qué se requieren acciones extraordinarias para conjurar la situación.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pidió vía concepto, a la Corte Constitucional, dejar en firme el decreto de conmoción interior en el Catatumbo, al considerar que las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno fueron justificadas para controlar la crisis de orden público en esa zona fronteriza.
De acuerdo con el concepto del jefe del ministerio público, el decreto contó con debida motivación al describir los hechos que en criterio del Gobierno justificaron la conmoción, especialmente el escalamiento de grandes proporciones de la violencia entre grupos armados y sus afectaciones para la población civil, así como el incumplimiento al acuerdo de paz y la imposibilidad de aplicar la paz total.
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“El ministerio público puede sostener que los presupuestos fácticos invocados por el Gobierno Nacional, a través del Decreto 062 de 2025, superan el juicio de existencia. Esto porque son concretos, verificables y perceptibles e implican una afectación al orden público”, se lee en el documento.
Para el jefe del ente de control, aunque reconoce que la situación que está viviendo el Catatumbo hace parte de problemas de carácter estructural, las alarmantes cifras de violaciones a los derechos humanos, muertos, desplazados entre otros ítems desde enero, muestran la gravedad de la crisis que tiene que ser “solventada por el Gobierno con medidas excepcionales”.
Asimismo, aunque Gregorio Eljach señaló que el decreto tiene falencias frente al presupuesto valorativo, afirmó que la Procuraduría “no puede ser indiferente” ante la crisis humanitaria y bajo las pruebas que expuso el Gobierno y las recibidas por la Corte, se justifican las medidas extraordinarias. “Se concluye entonces que la labor del presidente de la República no resulta arbitraria ni constituye error manifiesto”, se lee.
Adicionalmente, para el procurador general de la Nación, el Gobierno si logró argumentar que las medidas ordinarias adoptadas fueron insuficientes, puesto que se venían, a su juicio, aplicando estrategias luego de la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo. “Es claro el desbordamiento institucional con base en las cifras expuestas en el presupuesto valorativo”, concluyó el jefe del ente de control.
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