Red criminal en Barranquilla: nexos con la Policía y contrabando
Una investigación revela el funcionamiento de una organización criminal en Barranquilla, que operaba en complicidad con miembros de la Policía Fiscal y Aduanera, facilitando el contrabando de mercancías.
La W ha tenido acceso a detalles reveladores sobre una investigación en curso que involucra a una organización criminal dedicada al contrabando en la zona portuaria de Barranquilla. Esta red operaba con el apoyo de miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), lo que plantea serias preocupaciones sobre la corrupción dentro de estas instituciones encargadas de la regulación y control aduanero.
Modus operandi de la organización
La investigación ha puesto de manifiesto el modus operandi de una red criminal que logró infiltrarse en los puertos de Barranquilla mediante la compra de funcionarios públicos. Se ha revelado que esta organización era responsable de introducir al país mercancías de contrabando, con un valor que supera los 200 millones de pesos. Para facilitar el ingreso ilegal de estas mercancías, la red solicitaba altas sumas de dinero a importadores y comerciantes, quienes debían pagar para poder operar sin restricciones.
Los informes de inteligencia indican que la red criminal recaudaba cantidades que oscilaban entre 400 y 1.200 millones de pesos. Este dinero era cuidadosamente separado en paquetes para ser entregados a diferentes funcionarios de la Dian y la Polfa. Estos funcionarios, en un claro incumplimiento de sus deberes, omitían sus funciones, lo que permitía el ingreso de grandes cantidades de mercancías, ocultándolas de la intervención y control aduanero.
Control de mercancías y cobros
Para llevar un control efectivo sobre las mercancías que ingresaban ilegalmente al país a cambio del pago de dádivas, los policías involucrados utilizaban el listado de BL (Bill of Lading, en español Guía de Carga) de los contenedores. Esta información les permitía determinar los cobros que la organización debía hacer a los comerciantes cada semana. El proceso de recolección de dinero comenzaba los lunes y se extendía hasta el sábado, momento en el cual se esperaba que todos los pagos de dádivas estuvieran realizados.
Entre los implicados, se encontraban el mayor de la Policía Andrés Felipe Montoya y el patrullero Harold Gil, quienes eran responsables de seleccionar a los comerciantes a los que se les permitiría ingresar mercancía de manera ilícita. La priorización se hacía en función de aquellos que ingresaban la mayor cantidad de contenedores o que cumplían con los pagos de manera puntual. Además, la organización también cobraba por el paso de tractomulas con contenedores que transitaban por la ciudad de Barranquilla.
Manipulación de incautaciones
Con el objetivo de mostrar resultados positivos de su gestión, los mencionados policías mandaban a un cómplice, Felipe Henao Escobar, a supermercados para adquirir dulces en grandes cantidades. Además, se le encargaba recoger chancletas que le eran entregadas por otros contrabandistas como sobrantes de mercancía sin valor. Este material era luego presentado como incautaciones de contrabando, creando una fachada de éxito en su labor ante sus superiores.
Expansión de actividades delictivas
La red criminal no solo se limitaba a operar en Barranquilla; también proyectaba expandir sus actividades hacia otros puertos más rentables, como el de Buenaventura. Esta expansión podría representar un aumento del 500 por ciento en sus ganancias, lo que subraya la ambición y el alcance de la organización.
Nexos con el crimen organizado
Sin embargo, la situación se torna aún más alarmante al revelarse que estos policías supuestamente mantenían contacto con miembros de la Oficina de Envigado de Medellín. Este vínculo se volvía crucial cuando la organización necesitaba ordenar un asesinato, lo que evidencia la gravedad de la corrupción y el nivel de complicidad con el crimen organizado.
A todo aquel que no pagaba lo que la organización pedía “le mandaban a hacer la vuelta”.
Además de sus nexos con comerciantes y empresarios, la organización también habría tenido contacto con narcotraficantes de la ciudad de Cali, lo que sugiere una red de corrupción y crimen mucho más amplia y compleja. Esta relación con el narcotráfico podría tener implicaciones significativas en la seguridad y el orden público en la región.
Planes de tráfico humano
Más sorprendente aún es la revelación de que algunos miembros de la Policía tenían la intención de convertirse en coyotes, cobrando a civiles dinero para facilitar su paso ilegal por la frontera hacia Estados Unidos. Este aspecto de la operación criminal resalta la falta de ética y la disposición de algunos funcionarios para aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas en busca de una mejor vida.
Denuncias y encubrimientos
La W también ha tenido conocimiento de que existió una denuncia ciudadana dirigida al entonces director de la Policía, el General Oscar Atehortúa, en contra de esta organización. Sin embargo, uno de los miembros de la red criminal pagó 16 millones de pesos para que la denuncia fuera retirada del escritorio del alto oficial, lo que pone de manifiesto la corrupción que permeaba incluso en los niveles más altos de la Policía.
Contexto
La W conoció los detalles de una investigación en contra de una organización criminal dedicada al contrabando en la zona portuaria de Barranquilla, con el apoyo de miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Detrás de la captura del mayor de la Policía Andrés Felipe Montoya y del patrullero Harold Gil se reveló el modus operandi de una red criminal que se infiltró en los puertos de Barranquilla a través de la compra de funcionarios públicos
Esta red criminal supuestamente se encargaba de introducir al país mercancías de contrabando cuyas cuantías superan los 200 millones de pesos, solicitando altas sumas dinero a importadores y comerciantes para permitirles el ingreso ilegal de mercancías, dinero que se recogía en efectivo y con una frecuencia semanal.
Según la información de inteligencia, la red criminal recogía cantidades que oscilaban entre 400 y 1.200 millones de pesos. Posteriormente, la organización separaba el dinero en paquetes para ser entregados a diferentes funcionarios de la Dian y la Polfa, los cuales omitían sus funciones permitiendo el ingreso de grandes cantidades de mercancías ocultándolas de la intervención y control aduanero.
Para llevar el control de las mercancías que ingresarían ilegalmente al país a cambio del pago de dádivas, los policías se valían del listado de BL (Bill of Landing, en español Guía de Carga) de los contenedores que ingresaban ilegalmente. Con esta información, se determinaban los cobros que la organización debía hacer a los comerciantes cada semana, empezando a recoger el dinero desde el lunes hasta el sábado, momento de haber pagado todas las dádivas.
Presuntamente, Andrés Felipe Montoya y Harold Gil eran los encargados de escoger a los comerciantes, a quienes se les iba a dejar entrar la mercancía de manera ilícita, priorizando a quienes ingresaran la mayor cantidad de contenedores o a quienes no se retrasaran en el pago de las dádivas. También cobraban los pasos de tractomulas con contenedores que pasaban por la ciudad de Barranquilla.
Los mencionados policías, con el fin de mostrar resultados de su gestión con ocasión de su cargo, mandaban a Felipe Henao Escobar a supermercados a comprar dulces en grandes cantidades y a recoger chancletas que le eran entregados por otros contrabandistas como sobrantes de mercancía sin valor, para hacerlas pasar por incautaciones de contrabando, mostrando falsos resultados a sus superiores.
El grupo proyectaba continuar enriqueciéndose de la actividad delictiva, buscando la forma de llegar a otros puertos más rentables como el de Buenaventura, lo cual representa un aumento del 500 por ciento de las ganancias.
Pero esto no es lo peor de la historia: La W conoció que estos policías supuestamente tenían contacto con miembros de la Oficina de Envigado de Medellín, a quienes llamaban cuando necesitaban ordenar un asesinato.
A todo aquel que no pagaba lo que la organización pedía “le mandaban a hacer la vuelta”
Pero la organización no solo tenía nexos con comerciantes y empresarios. Supuestamente también tuvieron contacto con narcotraficantes de la ciudad de Cali.
Además, conocimos que miembros de la Policía tendrían la meta de convertirse en coyotes, cobrándole a civiles dinero para pasarlos ilegalmente por la frontera hacia Estados Unidos.
Por último, La W pudo conocer que existió una denuncia ciudadana, dirigida al entonces director de la Policía, el General Oscar Atehortúa, en contra de esta organización. Pero uno de los miembros de esta pagó 16 millones de pesos para que la quitaran del escritorio del alto oficial.
Escuche
Publicar un comentario