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Menores de organización criminal La Inmaculada piden hablar con ‘Pipe Tuluá’ como “garante de paz”

Menores que dicen pertenecer a la banda La Inmaculada piden al presidente Petro que les permita comunicarse con su jefe preso para avanzar en una supuesta desmovilización. El video no menciona delitos ni víctimas.

Menores de organización criminal La Inmaculada piden hablar con ‘Pipe Tuluá’ como “garante de paz”

Un grupo de jóvenes que dice formar parte de la organización criminal La Inmaculada pidió al Gobierno de Gustavo Petro autorizar una comunicación directa con su líder, alias ‘Pipe Tuluá’, actualmente en prisión.

La solicitud se hizo a través de un video, en el que los menores —que aseguran ser unos 300— reclaman garantías similares a las que se ofrecen en procesos de paz con otros grupos armados.

La grabación, dirigida directamente al presidente, plantea que los jóvenes están dispuestos a dejar las armas y reincorporarse a la vida civil, pero condicionan ese paso a poder establecer contacto con Andrés Felipe Marín Silva, su jefe, para que los “acompañe” como “garante” del proceso.

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Pese a presentarse como menores de edad, los voceros afirman seguir “los lineamientos” del jefe de la organización y exigen al Ejecutivo “una comunicación fluida y constante” con él, lo que implicaría modificar su régimen de reclusión. La solicitud se presenta en tono formal y habla de “esperanza” y “derechos fundamentales”, pero omite cualquier reconocimiento de responsabilidades por los delitos atribuidos a esa estructura.

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La Oficina de Tuluá, también conocida como La Inmaculada, ha sido identificada por las autoridades como una de las principales organizaciones criminales del Valle del Cauca, vinculada a homicidios, extorsiones y tráfico de drogas. Su cabecilla fue capturado en 2023 y permanece en una cárcel de alta seguridad.

Aunque no existe información oficial sobre contactos formales entre el Gobierno y esta banda, la aparición pública de estos menores —presuntamente armados bajo órdenes de una estructura criminal— y su exigencia de trato político reabre el debate sobre los alcances y límites de la “paz total” impulsada por el presidente Petro.

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