Menores de La Inmaculada solicitan diálogo con Pipe Tuluá como garante de paz
Un grupo de jóvenes pertenecientes a la organización criminal La Inmaculada ha solicitado al Gobierno colombiano establecer comunicación directa con su líder, actualmente encarcelado.
Solicitud de comunicación directa
Un grupo de jóvenes que afirma ser parte de la organización criminal La Inmaculada ha hecho una petición formal al Gobierno de Gustavo Petro. En un video difundido, los menores de edad solicitan autorización para mantener contacto directo con su líder, conocido como alias ‘Pipe Tuluá’, quien se encuentra actualmente en prisión.
Reclamo de garantías
En la grabación, los menores, que aseguran ser alrededor de 300, reclaman garantías similares a las que se ofrecen en los procesos de paz con otros grupos armados en el país. Este tipo de solicitudes no son inusuales en el contexto colombiano, donde diversas organizaciones han buscado establecer diálogos con el Estado bajo condiciones específicas que les permitan una reintegración a la sociedad.
Disposición a dejar las armas
Los jóvenes, que se presentan como menores de edad, expresan su disposición a abandonar las armas y reincorporarse a la vida civil. Sin embargo, condicionan este paso a poder establecer un contacto efectivo con su líder, Andrés Felipe Marín Silva, quien actúa como su “garante” en el proceso de paz que ellos proponen. Esta condición resalta la importancia que le otorgan a la figura de su líder en la toma de decisiones y en la búsqueda de un futuro diferente.
Exigencias al Gobierno
A pesar de su presentación como menores de edad, los voceros del grupo enfatizan que siguen “los lineamientos” de su jefe y exigen al Gobierno una “comunicación fluida y constante” con él. Esta solicitud implicaría una modificación en el régimen de reclusión de Pipe Tuluá, lo que podría abrir un debate sobre la forma en que el Estado aborda la relación con las organizaciones criminales y sus líderes encarcelados.
Contexto de la organización
La Oficina de Tuluá, también conocida como La Inmaculada, ha sido identificada por las autoridades como una de las principales organizaciones criminales del Valle del Cauca. La banda está vinculada a una serie de actividades delictivas, incluyendo homicidios, extorsiones y tráfico de drogas. El cabecilla de esta organización fue capturado en 2023 y actualmente se encuentra en una cárcel de alta seguridad, lo que ha generado una serie de reacciones tanto en el ámbito político como en el social.
Reacciones a la aparición de los menores
Aunque no se ha reportado información oficial sobre contactos formales entre el Gobierno y esta banda criminal, la aparición pública de estos menores, quienes presuntamente están armados bajo las órdenes de una estructura criminal, ha reabierto el debate sobre los alcances de la negociación con grupos ilegales. La exigencia de un trato político por parte de los jóvenes plantea interrogantes sobre el enfoque que debe adoptar el Estado frente a la violencia y la criminalidad en el país.
Derechos fundamentales y responsabilidades
En el mensaje dirigido al presidente, los menores utilizan un tono formal, mencionando la “esperanza” y los “derechos fundamentales” que consideran deben ser garantizados en su situación. Sin embargo, es notable que en su declaración no se incluye un reconocimiento de las responsabilidades que les corresponden por los delitos que se les atribuyen. Este aspecto es crucial, ya que el reconocimiento de la responsabilidad es un componente esencial en cualquier proceso de paz y reconciliación.
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