Gobierno giró $20 mil millones para ejecutar las primeras sentencias: Presidente de la JEP
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advirtió que aún faltan otros 30 mil millones de pesos y que persisten las preocupaciones sobre la financiación de las sanciones para 2026.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se prepara para expedir, a mediados de septiembre, las primeras sentencias de sanciones propias contra exintegrantes del Secretariado de las Farc y exmiembros de la Fuerza Pública vinculados al caso del Batallón La Popa.
Así lo confirmó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien detalló los avances del proceso, el alcance de las sanciones y los retos presupuestales que enfrenta su implementación.
“Mis colegas ya están discutiendo los dos proyectos de sentencia, que fueron radicados y serán analizados de manera conjunta. Hacia mediados del próximo mes ya se expiden las sentencias”, explicó Ramelli, al referirse al estado actual de estos procesos emblemáticos que investigan graves violaciones a los derechos humanos.
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El magistrado informó que el Ministerio de Hacienda giró “$20.000 millones de pesos iniciales” a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), encargada de gestionar los recursos para los proyectos restaurativos incluidos en las sanciones. No obstante, advirtió que aún faltan otros $30.000 millones y que persisten preocupaciones sobre la financiación de las sanciones para 2026.
“Es muy importante que en el proyecto de ley de presupuesto que discute el Congreso se incluyan las partidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las sentencias. Lo que tenemos ahora es apenas una cuota inicial”, recalcó.
El presidente de la JEP recordó que, si alguna de las partes apela las sentencias, su ejecución quedaría suspendida hasta que haya una decisión de segunda instancia. Solo cuando las sentencias estén en firme se podrán implementar las sanciones propias. Ramelli precisó que estas sentencias definirán las restricciones de derechos para los comparecientes, incluidas “limitaciones a su libertad de locomoción” y la obligación de realizar trabajos restaurativos.
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El magistrado señaló que el Ministerio de Defensa trabaja en un decreto que regule las condiciones de habitabilidad y seguridad para los exmiembros de la Fuerza Pública en las unidades militares donde deberán pernoctar mientras cumplen sus sanciones.
En el caso de los exintegrantes de las Farc, las zonas de ubicación aún están en estudio, pues será necesario consultar a las comunidades y socializar los proyectos restaurativos que se ejecutarán en sus territorios. Ramelli destacó el proceso de diálogo adelantado con comunidades indígenas y afrodescendientes en la Sierra Nevada, especialmente en torno al caso del Batallón La Popa.
La expedición de estas sentencias marcará un hito en el funcionamiento de la JEP, pues serán las primeras en imponer sanciones restaurativas y colectivas tanto a exguerrilleros como a militares en el marco del sistema de justicia transicional.
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