Fiscalía embargó dos bienes que serían de alias ‘El Arete’ y ‘El Osito’ del Cartel de Medellín
Según la Fiscalía, los bienes, avaluados en más de $1.000 millones de pesos, habrían sido adquiridos con dineros del narcotráfico.

La Fiscalía General de la Nación embargó, con fines de extinción de dominio, dos bienes avaluados en más de $1.000 millones de pesos que serían de Sebastián Alzate Urquijo, alias ‘El Arete’, y de Roberto de Jesús Escobar Gaviria, alias ‘El Osito’, hermano del extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Al parecer, fueron adquiridos con dineros del narcotráfico.
Las propiedades están ubicadas en la ciudad de Medellín, Antioquia, y, según la Fiscalía, se hallaron nuevos elementos materiales probatorios que permitieron detectar que los inmuebles habrían sido obtenidos por los exintegrantes del Cartel de Medellín con recursos del narcotráfico y otras actividades criminales.
‘El Arete’
De acuerdo con el ente acusador, uno de los bienes figura a nombre de una persona cercana a Sebastián Alzate Urquijo, alias El Arete.
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“Los análisis patrimoniales indican que fue comprado durante el periodo en el que este hombre se convirtió en jefe de sicarios de la organización ilegal y acumuló ganancias ilícitas producto del envío de cocaína a Estados Unidos y la ejecución de acciones terroristas”, señaló la Fiscalía.
‘El Osito’
El otro inmueble es un edificio situado en el barrio Aranjuez de Medellín, del cual Roberto de Jesús Escobar Gaviria, alias ‘El Osito’ —hermano del extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria— compró el 50% en 1979.
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“Los recursos para cubrir esa transacción presuntamente salieron de operaciones ilegales producto del narcotráfico. La investigación da cuenta de que ‘El Arete’ y ‘El Osito’ participaron activamente en la consolidación financiera del Cartel de Medellín, y se valieron de familiares y terceros para ocultar activos y constituir un patrimonio ilegal”.
Debido a esto, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso sobre los dos inmuebles, avaluados en más de mil millones de pesos, medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, que fueron materializadas por unidades de la Policía Nacional.
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