La Corte Constitucional exige al INVÍAS cumplir con obras prometidas a comunidad afro en Risaralda
La Corte Constitucional protege los derechos de la comunidad afrodescendiente de Pueblo Rico, que no ha recibido las obras sociales prometidas en el contrato del mejoramiento vial Quibdó - Pereira.
Protección de derechos fundamentales
La Corte Constitucional, en sede de tutela, ha decidido proteger los derechos fundamentales de la comunidad afrodescendiente del municipio de Pueblo Rico, ubicado en el departamento de Risaralda. Esta comunidad ha estado esperando el cumplimiento de varias obras sociales que son responsabilidad del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y del Consorcio Megavías Chocó, en el contexto del mejoramiento del tramo vial Quibdó - Pereira. La situación actual resalta la importancia de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los contratos públicos, especialmente cuando se trata de las necesidades básicas de comunidades vulnerables.
Obras sociales pendientes
Entre las obras que se habían prometido a la comunidad se encuentra la construcción de un acueducto, que es esencial para que los habitantes puedan acceder a agua potable. Además, se había incluido la mejora de la infraestructura educativa, un aspecto crucial para el desarrollo y bienestar de los niños y niñas de la zona. Sin embargo, hasta la fecha, estas promesas no han sido cumplidas, dejando a la comunidad en una situación precaria y sin los servicios básicos que se les habían garantizado.
La exigencia de la Corte Constitucional
Ante esta situación, la Corte Constitucional ha cuestionado la falta de cumplimiento de las obras acordadas en el contrato. En un fallo reciente, el tribunal exigió al INVÍAS y al Consorcio Megavías Chocó que, en un plazo máximo de seis meses, se realicen las entregas de las obras prometidas. La Corte recordó que tanto las entidades públicas como los actores privados tienen la obligación de honrar sus compromisos, ya que esto es fundamental para no defraudar las expectativas de la población afectada.
“Respecto del primer derecho, la comunidad sigue sin poder acceder a agua apta para el consumo humano, pues ella es insalubre, y frente al segundo, las condiciones de las escuelas no cumplen con los supuestos mínimos de adecuación, disponibilidad y accesibilidad física, impidiendo una garantía plena de este derecho respecto de los niños y niñas de la zona”, señaló la Sala.
Obligaciones del Estado y entidades locales
El alto tribunal también aclaró que su fallo no sustituye la obligación primaria del Estado de satisfacer las necesidades de la población. Los acuerdos firmados en el contrato deben ser respetados y están sujetos a la buena fe y la confianza legítima de los ciudadanos en su cumplimiento. Esta decisión subraya la necesidad de que las instituciones actúen con responsabilidad y transparencia, especialmente en proyectos que impactan directamente a comunidades vulnerables.
Medidas inmediatas para la comunidad
Además de la exigencia de cumplir con las obras en un plazo de seis meses, la Corte también ordenó a la Gobernación de Risaralda y a la Alcaldía de Pueblo Rico que, en un plazo máximo de cinco días, se otorguen carro tanques para abastecer de agua potable a la población afrodescendiente que está protegida por la tutela. Esta medida es urgente, ya que la comunidad continúa utilizando agua en mal estado, lo que representa un riesgo para la salud pública y el bienestar general.
Contexto de la situación
La situación de la comunidad afrodescendiente en Pueblo Rico refleja un problema más amplio en el país, donde muchas comunidades enfrentan dificultades similares en cuanto al acceso a servicios básicos y a la atención de sus necesidades. La falta de cumplimiento de las promesas institucionales genera desconfianza y descontento entre los ciudadanos, quienes esperan que sus derechos sean respetados y que se tomen medidas concretas para mejorar su calidad de vida.
La Corte Constitucional, al tomar esta decisión, no solo busca garantizar el cumplimiento de las obras prometidas, sino también enviar un mensaje claro a todas las entidades involucradas sobre la importancia de la responsabilidad social y el compromiso con el bienestar de las comunidades más necesitadas.
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