Guía sobre arrendamientos: pasos a seguir ante inconvenientes con inquilinos sin contrato

La Ley 820 de 2003, promulgada con el objetivo de regular la vivienda urbana destinada al arriendo, establece criterios fundamentales para la gestión de contratos de arrendamiento de inmuebles urbanos que se destinan a vivienda. Esta legislación se enmarca en el reconocimiento de los derechos de los colombianos a acceder a una vivienda digna y a la propiedad con función social. De este modo, se busca proteger tanto a arrendadores como a arrendatarios en el proceso de alquiler.

Cuando un propietario decide arrendar una casa o un apartamento, es fundamental que se establezcan las condiciones del arriendo a través de un contrato formal. Este documento es la base que define los derechos y obligaciones de ambas partes involucradas. Según el Código Civil, el arrendamiento se lleva a cabo entre dos partes que se comprometen recíprocamente: una parte se obliga a conceder el uso de un inmueble y la otra a pagar un precio previamente acordado por este uso.

A pesar de la importancia de formalizar el contrato de arrendamiento, existen situaciones en las que los arrendadores, impulsados por la confianza o la cercanía con sus inquilinos, optan por establecer acuerdos de manera verbal. Sin embargo, esta práctica puede acarrear serias consecuencias en caso de que surjan inconvenientes, incluso poniendo en riesgo la propiedad del inmueble en cuestión.

¿Qué hacer en caso de tener inconvenientes con un inquilino sin contrato?

Cuando un arrendador se enfrenta a diferencias con un inquilino que no cuenta con un contrato formal, es crucial seguir un proceso adecuado para resolver la situación. De acuerdo con lo que se menciona en diversos análisis legales, el primer paso recomendado es acudir a un centro de conciliación. Este recurso permite a las partes intentar llegar a un acuerdo sobre la entrega del inmueble y/o la fecha en que se realizará el pago correspondiente.

Si la conciliación no resulta efectiva, el arrendador puede considerar la posibilidad de iniciar un proceso judicial. Para ello, es fundamental contar con la presencia de al menos tres testigos que puedan dar fe de que existe un contrato, aunque sea verbal, y que los ocupantes del inmueble están allí en calidad de inquilinos. Este respaldo puede ser determinante para lograr la restitución del inmueble.

Además, es de vital importancia que, en el caso de que el acuerdo haya sido verbal, el arrendador recolecte documentos firmados que respalden la relación arrendaticia. Esto puede incluir recibos de pago, comunicaciones por escrito y cualquier otro tipo de documento que evidencie la existencia del arrendamiento. La recopilación de esta documentación puede ser clave en un eventual proceso legal.

¿Por qué motivos un arrendador puede pedir el desalojo de un inquilino?

El capítulo VII del artículo 22 de la Ley 820 de 2003 establece claramente las causales que permiten la terminación de un contrato de arrendamiento. Estas causales pueden ser invocadas por mutuo acuerdo, por decisión del arrendador o incluso por el propio arrendatario. En este sentido, es importante que los arrendadores conozcan las situaciones específicas que pueden justificar un desalojo.

Según lo estipulado en el artículo 22, un arrendador tiene la facultad de dar por finalizado un contrato de arrendamiento si se presenta alguna de las siguientes circunstancias:

• No cancela a tiempo el canon del arriendo, lo que puede generar inconvenientes económicos para el propietario.
• No paga los servicios públicos, lo que puede resultar en la desconexión o pérdida de estos servicios esenciales.
• Subarrendar total o parcialmente la vivienda y/o ceder el contrato sin la debida autorización del arrendador, lo que puede afectar la relación contractual original.
• Tener denuncias por parte de la comunidad debido a comportamientos indebidos que puedan afectar la tranquilidad y convivencia de los vecinos.
• Hacer mejoras o cambios en el inmueble sin contar con la autorización del propietario, lo que puede alterar la estructura o el valor del inmueble.
• Utilizar el inmueble con fines delictivos, lo que puede acarrear serias implicaciones legales.
• Cuando el inmueble vaya a demolerse, lo que requiere la desocupación del mismo.
• Violar las normas del reglamento de propiedad horizontal, en caso de que la vivienda esté sujeta a este régimen, lo que puede generar conflictos con otros propietarios o inquilinos.

Conocer y entender estas causales es esencial para cualquier arrendador que desee gestionar adecuadamente su propiedad y las relaciones con sus inquilinos, asegurando así un entorno de arrendamiento más seguro y regulado.

Equipo editorial

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