La Procuraduría inhabilita a exfuncionarios de Medellín por irregularidades en contrato
La Procuraduría General de la Nación ha sancionado a exfuncionarios de Medellín, incluyendo a la exsecretaria de Infraestructura, por la ampliación injustificada de un contrato para la conservación de jardines.
La sanción de la Procuraduría General de la Nación
En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación ha tomado una decisión contundente al sancionar con destitución e inhabilidad por un periodo de nueve años a dos exfuncionarios de la ciudad de Medellín. La exsecretaria de Infraestructura, Natalia Urrego Arias, quien ocupó el cargo en el año 2020, y Jorge Enrique Liévano Ospina, gerente general de Metroparques, han sido investigados por la ampliación injustificada de un contrato relacionado con la conservación de jardines en la ciudad.
Detalles del contrato y su ampliación
El contrato en cuestión fue inicialmente firmado por un monto de $5.226.291.836 y tenía una duración de tres meses, desde el 3 de noviembre de 2020 hasta el 3 de febrero de 2021. Sin embargo, la duración del contrato fue extendida hasta el 10 de junio de 2021. La justificación presentada para esta ampliación fue la necesidad de adaptarse a las medidas que habían sido adoptadas por los gobiernos nacional, departamental y municipal con el fin de mitigar los efectos de la pandemia de covid-19.
La Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 1, encargada de analizar el caso, llegó a la conclusión de que las condiciones en las que se modificó el contrato no cumplían con los principios fundamentales de la función administrativa. En particular, se identificó un desconocimiento de los principios de economía y eficacia, que son esenciales para la correcta gestión de los recursos públicos.
Implicaciones de la decisión
El ente de control resaltó que la ampliación del plazo del contrato, realizada sin una justificación razonable, evidenció un posible interés en favorecer a actores distintos a los que realmente buscan cumplir con los fines del Estado y de la entidad contratante. Esta falta de transparencia en la gestión pública es motivo de preocupación, ya que puede poner en riesgo la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
“La conducta de los implicados ha sido calificada como falta gravísima cometida con culpa gravísima”, afirmó la Procuraduría.
El fallo emitido por la Procuraduría no solo implica la destitución de los exfuncionarios, sino que también establece un precedente importante en la lucha contra la corrupción y la mala gestión de recursos públicos en Medellín. La decisión refleja el compromiso del Ministerio Público de garantizar que los funcionarios públicos actúen con responsabilidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones.
Posibilidad de apelación
A pesar de la gravedad de la sanción impuesta, los exfuncionarios tienen la opción de apelar la decisión. Esto significa que el caso podría ser revisado en instancias superiores, lo que podría llevar a un cambio en la resolución actual. La apelación es un derecho que les asiste y que podría influir en el resultado final del proceso disciplinario.
La situación de Natalia Urrego Arias y Jorge Enrique Liévano Ospina pone de manifiesto la importancia de la vigilancia y el control en la administración pública. La Procuraduría General de la Nación continúa su labor de supervisión, asegurando que los principios de legalidad y eficiencia sean respetados en todos los niveles de gobierno.
La comunidad de Medellín espera que esta decisión contribuya a mejorar la gestión pública y a restaurar la confianza de los ciudadanos en sus líderes. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.
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