Gustavo Petro solicita ser declarado víctima en el proceso contra el exfiscal Mario Burgos
El presidente Gustavo Petro busca ser reconocido como víctima especial en el caso que involucra a su hijo, Nicolás Petro, argumentando que se ha utilizado su figura como mecanismo de presión.
Solicitud ante la Corte Suprema
A través de una solicitud enviada a la fiscal quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el presidente Gustavo Petro pidió ser declarado víctima en el proceso contra el quien estuvo designado al caso contra su hijo, Nicolás Petro.
Motivos de la solicitud
De acuerdo con el documento, el mandatario busca ser reconocido como víctima especial con enfoque diferencial. Esto se debe a que su figura en el proceso se habría “utilizado” como un mecanismo de presión.
“El proceso no obedeció a un desarrollo autónomo y técnico de la función investigativa de la Fiscalía, sino que constituyó un fraude procesal estructural, diseñado y ejecutado con la finalidad desviada de afectar la investidura presidencial y presionar indebidamente al jefe de Estado.”
Según la solicitud firmada por el abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro, se busca el reconocimiento del presidente como víctima especial dentro del proceso penal en curso, el cual ha sido descrito como viciado en sus fundamentos, procedimientos y objetivos.
Fraude procesal pluriofensivo
En la solicitud también se asegura que los hechos habrían configurado un fraude procesal pluriofensivo, afectando no solo al procesado Nicolás Petro, sino también a la estabilidad institucional del Presidente de la República.
“Configuran un fraude procesal pluriofensivo: no solo lesionaron los derechos del procesado Nicolás Petro, sino que afectaron directamente la dignidad, honra, intimidad y estabilidad institucional del presidente de la República, como símbolo de la unidad nacional.”
Por la situación, solicitaron al despacho que, además de la declaratoria, se ordenen medidas cautelares inmediatas de protección. Asimismo, pidieron que fueran compulsadas copias a las autoridades competentes para investigar a los funcionarios y particulares involucrados.
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