ONU denuncia reclutamiento de menores y control armado en la región del Ariari-Guayabero, Meta
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió sobre graves violaciones humanitarias cometidas por grupos armados en el sur del Meta y Guaviare, incluyendo extorsiones, amenazas y afectaciones a comunidades escolares.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia y el Secretariado Nacional de Pastoral Social alertaron sobre la grave crisis humanitaria que atraviesan comunidades en la región Ariari-Guayabero, en el departamento del Meta, en la frontera con Guaviare, debido a la creciente presencia y acciones violentas de grupos armados ilegales.
En un pronunciamiento a través de sus redes sociales, ONU Derechos Humanos denunció que actores armados no estatales ejercen presiones sobre la población civil, incluyendo extorsiones, amenazas y el reclutamiento de menores.
“Llamamos a grupos armados no estatales a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el Ariari-Guayabero”, expresó la entidad, sumándose al llamado hecho por la Pastoral Social de la Iglesia Católica.
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El padre Mauricio Alejandro Rey Sepúlveda, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana, declaró en un video que la situación en la zona es crítica.
Según Rey, en municipios como Puerto Rico, Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y El Castillo, grupos armados —identificados como disidencias de las FARC y la autodenominada Segunda Marquetalia— han incurrido en prácticas como el reclutamiento de menores, la restricción forzada a la movilidad, extorsiones económicas y control de organizaciones comunitarias bajo coerción.
Durante la tercera semana de abril, en Puerto Rico (Meta), las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá ordenaron el cierre forzado de comercios y prohibieron el transporte por vías terrestres y fluviales.
Al tiempo, la Segunda Marquetalia ocupó escuelas y forzó a campesinos a alojar a sus integrantes, poniendo a la población civil en riesgo directo.
La Pastoral Social también denunció la imposición de pagos de hasta 20.000 pesos por hectárea en zonas rurales como Vista Hermosa, Puerto Rico y Puerto Concordia, así como un aumento de las extorsiones urbanas en municipios como Granada, donde incluso se han reportado hechos de violencia contra quienes se resisten a pagar.
Particularmente grave resulta, según la Iglesia, que el reclutamiento de menores estaría ocurriendo incluso en entornos escolares, vulnerando derechos especialmente protegidos por la Constitución y el derecho internacional.
ONU Derechos Humanos documentó, solo en 2025, 23 casos de reclutamiento y uso de menores, amenazas a líderes sociales, defensores de derechos humanos y docentes, así como intimidaciones contra instituciones educativas.
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