Minhacienda defiende el cobro del 1.5% en pagos electrónicos a comercios
El Ministerio de Hacienda justifica su propuesta de retención en la fuente para pagos a través de códigos QR y billeteras digitales, generando controversia entre expertos y comerciantes.
ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que aborda el debate suscitado en torno a un proyecto de decreto que propone la implementación de una retención del 1.5% en la fuente sobre los pagos realizados a comercios mediante códigos QR. Este tipo de transacciones también incluye aquellos pagos efectuados a través de la plataforma Bre-B, así como transferencias electrónicas utilizando billeteras digitales como Nequi y dale!, con el objetivo de anticipar el recaudo del impuesto de renta.
La cartera de Hacienda ha explicado que actualmente los pagos realizados con tarjetas de débito y crédito ya están sujetos a una retención del 1.5%. Por lo tanto, el propósito de esta nueva medida es eliminar la disparidad existente entre los pagos realizados con tarjetas y aquellos que se efectúan mediante otros métodos electrónicos. Este enfoque busca homogeneizar el tratamiento fiscal de estos diferentes tipos de transacciones, promoviendo una mayor equidad en el sistema tributario.
En su declaración, el Ministerio también aclaró que las transacciones realizadas a través de plataformas como Bre-B, Nequi o Daviplata, así como otros métodos que no generen un ingreso para el receptor, no estarán sujetas a la retención en la fuente. Esto implica que, por ejemplo, si una persona realiza una transferencia a un amigo, no se aplicará dicha retención. Asimismo, los comercios que no estén obligados a pagar impuesto de renta tampoco verán afectadas sus transacciones por esta medida.
“El proyecto aclara que no estarán sometidos a retención las personas naturales que no sean responsables del IVA”, enfatizó la entidad, buscando así mitigar las preocupaciones que han surgido en torno a la propuesta.
Precisiones sobre el proyecto de decreto (PD) que busca equiparar la retención en la fuente de los pagos electrónicos y los pagos con tarjeta.
— MinHacienda (@MinHacienda) October 23, 2025
1. El PD se encuentra en proceso de publicación para comentarios y observaciones del público en general.
2. El proyecto propone...
Sin embargo, esta propuesta ha generado un intenso debate y polémica en el sector económico. Expertos en finanzas y representantes de pequeñas empresas han expresado su preocupación, argumentando que esta medida podría incentivar el uso del efectivo en lugar de fomentar la digitalización de los pagos. Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, comentó en una entrevista que esta decisión podría tener un impacto negativo en pequeños comercios, como peluquerías, panaderías y tiendas de barrio, ya que su rentabilidad podría verse afectada de manera considerable.
Por su parte, Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, también se pronunció en contra de la iniciativa durante su intervención en el Congreso de Camacol. Mejía argumentó que, aunque comprende la necesidad del gobierno de aumentar el recaudo fiscal debido a la crisis de caja que enfrenta el Tesoro Nacional, esta estrategia podría resultar contraproducente. “Entiendo la necesidad del gobierno, porque ustedes conocen bien el problema de caja que ha venido sufriendo el Tesoro Nacional, en mínimos históricos, porque el recaudo no ha estado al ritmo que había el Gobierno anticipado”, señaló. Sin embargo, Mejía advirtió que introducir una retención del 1.5% en un momento en que los métodos de pago digitales apenas están comenzando a consolidarse podría obstaculizar su aceptación y uso.
El economista añadió que “esto es una especie de tiro en el pie, porque en un instrumento en donde hasta ahora se está iniciando una consolidación, como lo es Bre-B y otro tipo de mecanismos de pagos digitales, introducir una retención de este estilo, que es uno 1.5%, que equivale al 15 por mil, al final de cuentas, lo que puede hacer es evitar que ese instrumento se consolide como un mecanismo de pago y, en cambio, incentivar otra vez el uso del efectivo”. Esta declaración resalta las tensiones existentes entre la necesidad de recaudo fiscal y el impulso hacia la modernización de los métodos de pago en el país.
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