Tres oficiales del Ejército imputados por falsos positivos en Casanare
La Jurisdicción Especial para la Paz ha señalado a tres oficiales del Ejército por su presunta participación en asesinatos y desapariciones forzadas entre 2005 y 2008.
Imputación de crímenes de guerra y lesa humanidad
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha tomado una decisión significativa al imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad a tres oficiales del Ejército colombiano. Los implicados son el teniente coronel Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, el sargento Jaime Luis Olivera Arrieta y el subteniente Gustavo Alberto Parada Cuéllar. Estas imputaciones están relacionadas con su presunta participación en asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados falsamente como bajas en combate en el departamento de Casanare.
Contexto del caso
La decisión de la JEP se enmarca en el subcaso Casanare del Caso 03, que ha llevado a la imputación de un total de 26 personas. De estas, 23 son miembros del Ejército, un exfuncionario del DAS y dos civiles. Es importante señalar que de los imputados hasta ahora, 24 han aceptado responsabilidad por los hechos ocurridos. Los tres nuevos comparecientes, Sarmiento, Olivera y Parada, tienen un plazo de 30 días para responder si aceptan o no los cargos que se les imputan.
Estructura criminal dentro de la Brigada XVI
Según la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, entre los años 2005 y 2008, dentro de la Brigada XVI del Ejército Nacional, operó una estructura criminal que utilizó la institucionalidad militar para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales. Esta práctica ha sido documentada y denunciada ampliamente, revelando un patrón de violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado en Colombia. Los tres oficiales son acusados de ser coautores de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, lo que añade un peso significativo a las acusaciones en su contra.
Rol del teniente coronel Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena
Fabián Eduardo Sarmiento, quien se desempeñaba como oficial de inteligencia, es señalado de facilitar el uso de información estigmatizante proveniente del DAS para planear operaciones militares. Estas operaciones, que resultaron en falsos positivos, se llevaron a cabo bajo un contexto de presión para mostrar resultados en la lucha contra grupos armados. Además, se le acusa de haber permitido pagos de recompensas por víctimas que fueron presentadas como combatientes caídos en combate, lo que refleja una grave manipulación de la verdad y de los hechos.
Implicaciones del sargento Jaime Luis Olivera Arrieta
Por su parte, Jaime Luis Olivera, en su calidad de sargento segundo, habría elaborado documentos de inteligencia que facilitaron operaciones ilegales. Su colaboración con el DAS y el Gaula Casanare es parte de las acusaciones que lo vinculan directamente con la estructura criminal mencionada. Su rol en la elaboración de documentos y en la planificación de estas operaciones es considerado crucial para entender el funcionamiento de la red de complicidad que permitió la ejecución de estas graves violaciones a los derechos humanos.
Acciones del subteniente Gustavo Alberto Parada Cuéllar
Gustavo Alberto Parada, quien comandaba un pelotón del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, está acusado de haber participado directamente en el reclutamiento y asesinato de civiles. Además, se le señala de haber incorporado personal para labores de inteligencia que estaban orientadas a ubicar futuras víctimas. Este aspecto de su accionar evidencia la sistematicidad con la que operaba la estructura criminal, así como la implicación de varios niveles de mando en la ejecución de estas prácticas ilegales.
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