Cuarenta años del Holocausto del Palacio de Justicia
La toma y retoma militar del Palacio de Justicia en 1985 aún deja huellas en la sociedad colombiana, con sentencias que buscan justicia por los crímenes cometidos.
Cuarenta años han transcurrido desde el Holocausto del Palacio de Justicia: la toma y la posterior retoma militar, que se llevaron a cabo entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, continúan generando interrogantes que aún no han encontrado respuesta. Estos eventos trágicos, que marcaron un antes y un después en la historia de la justicia en Colombia, dejaron cicatrices profundas en la memoria colectiva del país. Las secuelas de esos días fatídicos han sido objeto de una extensa investigación, así como de un continuo esfuerzo por parte de las víctimas y sus familias para obtener justicia.
La Fiscalía General de la Nación ha llevado a cabo una larga y compleja investigación que ha resultado en cinco sentencias condenatorias en el transcurso de estas cuatro décadas. Estos fallos no solo reflejan el dolor y la injusticia sufrida por muchas personas, sino que también representan un intento de rendir cuentas a los responsables de los actos cometidos durante la toma del Palacio de Justicia.
Condenas al M-19
En el marco de estas investigaciones, se han emitido condenas contra exintegrantes del Movimiento 19 de Abril (M-19), quienes fueron hallados culpables de homicidio y tentativa de homicidio. Ocho exmiembros del M-19 han recibido penas que varían entre 28 y 30 años de prisión. Las sentencias son las siguientes:
- 30 años de prisión: Luis Francisco Otero Cifuentes, Alfonso Alberto Jacquin Gutiérrez, Amalia Sossa Sierra y Guillermo Elvencio Ruiz Gómez.
- 28 años de prisión: Rafael Arteaga Giraldo, Remberto Artunduaga Palomares, Irma Franco Pineda e Israel Santamaría Rendón.
Estas condenas son una parte del proceso de justicia que se está llevando a cabo en el país, donde el reconocimiento de las responsabilidades penales es fundamental para avanzar en la sanación de las heridas que dejó este episodio oscuro de la historia colombiana.
Militares hallados culpables por desapariciones forzadas
En el marco de la misma investigación, se han proferido cuatro sentencias contra integrantes del Ejército Nacional por el delito de desaparición forzada agravada. Este delito se cometió en contra de 16 sobrevivientes de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Las sentencias son las siguientes:
- Jesús Armando Arias Cabrales (23 de septiembre de 2019).
- Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardín Causayá Peña, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Luis Fernando Nieto Velandia (15 de marzo de 2023).
- Edilberto Sánchez Rubiano (15 de marzo de 2023).
- Iván Ramírez Quintero y Fernando Blanco Gómez (15 de diciembre de 2011).
Estas sentencias son un paso significativo en la búsqueda de justicia, aunque el camino hacia la verdad y la reparación integral para las víctimas y sus familias continúa siendo un desafío en el contexto colombiano.
Inocentes
En el camino judicial, también se han presentado casos de absolución. La Corte Suprema de Justicia absolvió en 2015 al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega. Su abogado defensor, Jaime Granados, logró demostrar su inocencia mediante un recurso extraordinario de casación. Además, Gustavo Arévalo Moreno fue declarado inocente, lo que resalta la complejidad y las dificultades del proceso judicial en casos tan sensibles y cargados de dolor.
Procesos pendientes por tortura
La Fiscalía General de la Nación sigue investigando por el delito de tortura agravada a un total de 13 militares. Entre ellos se encuentran figuras como:
- Óscar William Vásquez Rodríguez
- Gustavo Arévalo Moreno
- Bernardo Alfonso Garzón Garzón
- Ferney Ulmardín Causayá Peña
- Luis Fernando Nieto Velandia
- Iván Ramírez Quintero
- Justo Eliseo Peña Sánchez
- Edilberto Sánchez Rubiano
- Antonio Rubay Jiménez Gómez
- Fernando Blanco Gómez
- Rafael Hernández López
- Siervo Antonio Buitrago Téllez
- Carlos Alberto Fracica Naranjo
La identificación y entrega digna de los restos óseos de las víctimas de la barbarie del Palacio de Justicia es otro aspecto crucial en este proceso. Desde 1985 hasta 2025, la Fiscalía ha logrado identificar 68 cadáveres, de los cuales 54 ya han sido entregados a la fuerza pública. Este proceso es fundamental para brindar un cierre a las familias de las víctimas y para honrar la memoria de quienes perdieron la vida en este trágico acontecimiento.
En medio de la tragedia, se registraron 94 muertes, que incluyen a magistrados, empleados judiciales, civiles y miembros de la fuerza pública, un recordatorio de la magnitud del dolor y la pérdida que dejó este oscuro capítulo en la historia de Colombia.
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