Gobierno presentó proyecto de ley para Asamblea Constituyente: reafirma “bloqueo institucional”
El proyecto, presentado como “punto de partida” para la discusión, aborda cambios estructurales en materia de salud, trabajo y también en justicia.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó el proyecto de ley que será el “punto de partida” para la discusión de la Asamblea Constituyente que busca sacar adelante el gobierno, de cara a la nueva administración que llegue.
En la exposición de motivos del proyecto, el Gobierno reafirmó que no se han podido lograr modificaciones estructurales en distintos sectores del Estado, debido a un “bloqueo institucional” por ejemplo del Congreso de la República.
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“Ciertos aspectos comúnmente tratados en este tipo de análisis comprenden la falta de garantía de derechos, incluidos los sociales, y la lucha contra la impunidad. El funcionamiento deficiente de la exigibilidad de derechos contribuye de manera directa a la dificultad en la consolidación de la paz” señala el documento de 23 páginas.
El ministro de Justicia aseveró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido víctima de ese “bloqueo institucional” de forma sistemática y sin “mayores argumentos” en el trámite de reformas sociales, así como de la consulta popular por lo cual no existe “confianza en el Congreso”.
“El poder legislativo parece haber renunciado a la democracia deliberativa en desmedro del mandato de representación que el pueblo le ha delegado. La búsqueda de paz, que ahora tiene el objetivo de ser total, requiere acuerdos, reformas y dispositivos normativos que permitan el logro de los fines humanitarios y sociales de este tipo de procesos” se lee.
LOS EJES DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE PLANTEADA POR EL GOBIERNO
En el escrito de 23 páginas presentado por el gobierno para comenzar la discusión sobre la Asamblea Constituyente, el ejecutivo señaló que hay varios puntos en los que se requiere definitivamente reformas constitucionales profundas. Por ejemplo, en materia de derechos sociales.
Uno de los puntos es la inexistencia aún de un estatuto de trabajo y la precarización de los derechos laborales, así como de la “criminalización del derecho de asociación”.
“En este punto, el Congreso no ha expedido, más de treinta años después de la previsión constitucional que lo ordenaba, el estatuto del trabajo, con lo que los derechos de los trabajadores se encuentran a la deriva, ya sea dependiendo de la omisión legislativa absoluta, que hace nugatorios los derechos en ausencia de control constitucional en estos casos, o de las visiones del Congreso en cada legislatura” señala el documento.
También se buscará, según el Gobierno, una reforma al Sistema de Salud alegando que no ha habido cobertura universal ni prestación de un servicio “digno”. Asimismo, el gobierno busca sacar adelante, según el documento, el derecho de la gente a tener vivienda.
Asimismo, se incluye la Autonomía Territorial Indígena y el cambio climático (incluyendo la protección del campesinado y la producción de alimentos) como uno de los puntos que buscará sacar adelante la Asamblea Constituyente; planteando además una especie de facultades extraordinarias para el presidente de la República.
“Estos aspectos muestran la gravedad de la ausencia de interés del legislativo en materia social y los efectos de las omisiones legislativas absolutas, hasta ahora carentes de control constitucional. Por lo tanto, debe existir una cláusula residual de competencia legislativa que le permita al presidente de la república actuar ante omisiones legislativas absolutas en estas materias” propone el documento.
- Lea aquí: Petro reiteró propuesta de Asamblea Constituyente: “se podrá en tres meses hacer las reformas”
Adicionalmente, dentro de los puntos del proyecto, se incluye la lucha contra la corrupción y por eso se propone reformar la Contraloría General de la República como un tribunal de cuentas. Frente a la Procuraduría el proyecto señala que en el ámbito penal debería funcionar como un ente de justicia restaurativa.
En la propuesta del gobierno, también se toca la Jurisdicción Administrativa para que haya “unificación de criterios” y no se sigan cruzando las competencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
“Es necesario que exista una jurisdicción constitucional especializada e independiente de las demás que tenga competencia sobre todas las acciones constitucionales, pues en este momento están dispersas, no hay unificación de criterios, como puede verse con las competencias concurrentes del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en el caso de la consulta popular” indicaron.
El documento de 23 páginas asimismo expone la voluntad de buscar un mayor protagonismo del presidente de la República en el manejo de la política monetaria, supuestamente sin tocar la autonomía del Banco de la República.
ASI FUNCIONARIA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
En el documento de 23 páginas, el ministro de Justicia también planteó cómo se haría la Asamblea Constituyente, aclarando primero que todo, que no sería revocado el congreso. Además, no se afectarían los tratados firmados por Colombia en materia de derechos humanos, no podría haber retrocesos en derechos fundamentales ni tampoco sociales.
Según como imagina el ministro Montealegre y el gobierno la Asamblea, sería de 71 delegatarios de diferentes orillas políticas, sociales y de representación étnica. Asimismo, se otorgaría al presidente Petro competencias extraordinarias por 6 meses para expedir normas que precisen los requisitos para ser delegatario.
“La Asamblea Constituyente sesionará durante 3 meses contados desde su instalación, la cual ocurrirá 30 días calendario después de la declaración de la elección de sus delegatarios por parte del Consejo Nacional Electoral” se lee en el documento.
Por otra parte, en lo que tiene que ver con la convocatoria de la población a las urnas se plantearon dos preguntas: una sobre si se está de acuerdo o no para convocar a la asamblea, y la segunda, relacionada con la reforma a la constitución sin revocar al Congreso de la República.
El presidente Petro afirmó que este documento es el punto de partida, modificable, conforme los planteamientos que también hagan los comités de recolección de firmas.
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Contexto
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó el proyecto de ley que será el “punto de partida” para la discusión de la Asamblea Constituyente que busca sacar adelante el gobierno, de cara a la nueva administración que llegue.
En la exposición de motivos del proyecto, el Gobierno reafirmó que no se han podido lograr modificaciones estructurales en distintos sectores del Estado, debido a un “bloqueo institucional” por ejemplo del Congreso de la República.
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“Ciertos aspectos comúnmente tratados en este tipo de análisis comprenden la falta de garantía de derechos, incluidos los sociales, y la lucha contra la impunidad. El funcionamiento deficiente de la exigibilidad de derechos contribuye de manera directa a la dificultad en la consolidación de la paz” señala el documento de 23 páginas.
El ministro de Justicia aseveró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido víctima de ese “bloqueo institucional” de forma sistemática y sin “mayores argumentos” en el trámite de reformas sociales, así como de la consulta popular por lo cual no existe “confianza en el Congreso”.
“El poder legislativo parece haber renunciado a la democracia deliberativa en desmedro del mandato de representación que el pueblo le ha delegado. La búsqueda de paz, que ahora tiene el objetivo de ser total, requiere acuerdos, reformas y dispositivos normativos que permitan el logro de los fines humanitarios y sociales de este tipo de procesos” se lee.
LOS EJES DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE PLANTEADA POR EL GOBIERNO
En el escrito de 23 páginas presentado por el gobierno para comenzar la discusión sobre la Asamblea Constituyente, el ejecutivo señaló que hay varios puntos en los que se requiere definitivamente reformas constitucionales profundas. Por ejemplo, en materia de derechos sociales.
Uno de los puntos es la inexistencia aún de un estatuto de trabajo y la precarización de los derechos laborales, así como de la “criminalización del derecho de asociación”.
“En este punto, el Congreso no ha expedido, más de treinta años después de la previsión constitucional que lo ordenaba, el estatuto del trabajo, con lo que los derechos de los trabajadores se encuentran a la deriva, ya sea dependiendo de la omisión legislativa absoluta, que hace nugatorios los derechos en ausencia de control constitucional en estos casos, o de las visiones del Congreso en cada legislatura” señala el documento.
También se buscará, según el Gobierno, una reforma al Sistema de Salud alegando que no ha habido cobertura universal ni prestación de un servicio “digno”. Asimismo, el gobierno busca sacar adelante, según el documento, el derecho de la gente a tener vivienda.
Asimismo, se incluye la Autonomía Territorial Indígena y el cambio climático (incluyendo la protección del campesinado y la producción de alimentos) como uno de los puntos que buscará sacar adelante la Asamblea Constituyente; planteando además una especie de facultades extraordinarias para el presidente de la República.
“Estos aspectos muestran la gravedad de la ausencia de interés del legislativo en materia social y los efectos de las omisiones legislativas absolutas, hasta ahora carentes de control constitucional. Por lo tanto, debe existir una cláusula residual de competencia legislativa que le permita al presidente de la república actuar ante omisiones legislativas absolutas en estas materias” propone el documento.
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Adicionalmente, dentro de los puntos del proyecto, se incluye la lucha contra la corrupción y por eso se propone reformar la Contraloría General de la República como un tribunal de cuentas. Frente a la Procuraduría el proyecto señala que en el ámbito penal debería funcionar como un ente de justicia restaurativa.
En la propuesta del gobierno, también se toca la Jurisdicción Administrativa para que haya “unificación de criterios” y no se sigan cruzando las competencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
“Es necesario que exista una jurisdicción constitucional especializada e independiente de las demás que tenga competencia sobre todas las acciones constitucionales, pues en este momento están dispersas, no hay unificación de criterios, como puede verse con las competencias concurrentes del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en el caso de la consulta popular” indicaron.
El documento de 23 páginas asimismo expone la voluntad de buscar un mayor protagonismo del presidente de la República en el manejo de la política monetaria, supuestamente sin tocar la autonomía del Banco de la República.
ASI FUNCIONARIA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
En el documento de 23 páginas, el ministro de Justicia también planteó cómo se haría la Asamblea Constituyente, aclarando primero que todo, que no sería revocado el congreso. Además, no se afectarían los tratados firmados por Colombia en materia de derechos humanos, no podría haber retrocesos en derechos fundamentales ni tampoco sociales.
Según como imagina el ministro Montealegre y el gobierno la Asamblea, sería de 71 delegatarios de diferentes orillas políticas, sociales y de representación étnica. Asimismo, se otorgaría al presidente Petro competencias extraordinarias por 6 meses para expedir normas que precisen los requisitos para ser delegatario.
“La Asamblea Constituyente sesionará durante 3 meses contados desde su instalación, la cual ocurrirá 30 días calendario después de la declaración de la elección de sus delegatarios por parte del Consejo Nacional Electoral” se lee en el documento.
Por otra parte, en lo que tiene que ver con la convocatoria de la población a las urnas se plantearon dos preguntas: una sobre si se está de acuerdo o no para convocar a la asamblea, y la segunda, relacionada con la reforma a la constitución sin revocar al Congreso de la República.
El presidente Petro afirmó que este documento es el punto de partida, modificable, conforme los planteamientos que también hagan los comités de recolección de firmas.
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