Eutanasia en Colombia: Un avance significativo en una década
Colombia celebra diez años de la reglamentación de la eutanasia, destacando tanto los progresos como las limitaciones en su implementación.
Colombia cumple diez años desde que se reglamentó, por primera vez, la eutanasia y los datos muestran avances, aunque también fuertes limitaciones. El informe ‘De Muerte Lenta #3′, elaborado por DescLAB, reveló que entre 2015 y 2024 se realizaron 1.044 procedimientos de muerte médicamente asistida, consolidando al país como pionero en América Latina en la materia.
Cifras principales
- En 2024 se practicaron 352 eutanasias, la cifra más alta hasta la fecha, con un aumento del 29,9% respecto a 2023.
- Desde octubre de 2021, cuando empezó a operar el sistema oficial de reportes, se han registrado 2.491 solicitudes. Solo en 2024 fueron 1.169, pero apenas el 30,1% se aprobaron, la tasa más baja desde que hay registro.
- Aún con el crecimiento, la eutanasia sigue siendo una causa marginal de muerte: en 2024 representó el 0,13 % del total de fallecimientos en el país.
Perfil de los pacientes
- El 74,6 % de los procedimientos correspondió a diagnósticos de cáncer, principalmente de estómago, páncreas, recto y pulmón.
- El 25,4 % se dio en enfermedades no oncológicas como ELA, dolor crónico, EPOC o insuficiencia renal, tendencia en alza desde que en 2021 la Corte Constitucional eliminó la exigencia de enfermedad terminal.
- En 2024, 69,2% de las solicitudes se hicieron por enfermedades graves o incurables, mientras que solo el 25,6 % correspondió a condiciones terminales.
Voluntades anticipadas y barreras
- El 49,8% de quienes accedieron a la eutanasia entre 2015 y 2024 tenían un Documento de Voluntad Anticipada (DVA), casi el doble frente a informes anteriores.
- Sin embargo, la mayoría de familias aún desconoce la importancia de este recurso legal y se limita a conversaciones informales, lo que genera obstáculos para garantizar la decisión del paciente.
El informe de DescLAB resalta que Colombia ha avanzado como referente regional en el reconocimiento del derecho a morir dignamente, pero persisten retos como ampliar la cobertura en regiones distintas a Bogotá y Antioquia, reducir la burocracia, difundir el uso de voluntades anticipadas y garantizar que el acceso no dependa del lugar de residencia ni de la voluntad institucional.
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