Fiscalía suspende millonaria licitación para sistema biométrico tras graves alertas de Procuraduría
El ente de control por medio de un documento de 15 páginas solicitó revocar la resolución de apertura de la licitación del contrato para modernización multibiométrica.
La suspendió un importante proceso licitatorio por más de 37.000 millones de pesos, relacionado con la adquisición, puesta en marcha y mantenimiento de un sistema multibiométrico forense de última tecnología para el CTI.
El ente investigador determinó frenar el proceso licitatorio tras graves inconsistencias encontradas por la Procuraduría en los pliegos de contratación, adendas, entre otros puntos, que fueron presentadas en un documento de 15 páginas conocido por La W.
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Incluso el Ministerio Público solicitó que se revocara de facto el proceso de adjudicación y comenzara de cero de nuevo, a diferencia de lo que planteaba hacer la Dirección la cual solamente planteaba declarar desierto el proceso.
“Esta Procuraduría Delegada exhorta a la entidad a suspender el trámite de la licitación pública hasta tanto se analicen las posibles violaciones normativas existentes en el proceso mencionado y a analizar en detalle los escenarios en los cuales la entidad tendría la posibilidad de revocar el acto administrativo de apertura” se lee en el documento enviado por el procurador delegado Marcio Melgosa.
Concretamente, el ente de control halló distintas irregularidades que llevaron a la suspensión del procedimiento. Por ejemplo en una modificación del cronograma contractual, se cambió la evaluación de los requisitos habilitantes de uno de los proponentes, UT MULTIBIOMÉTRICA FGN, pasando de concluir que los cumplía a que no los cumplía, cuando de acuerdo con la Procuraduría, las adendas en los cronogramas sólo pueden modificar los pliegos de condiciones, pero no “subsanar yerros” de los evaluadores.
“Además de incurrir en la posible vulneración de las normas mencionadas, también transgredió, posiblemente, el principio de legalidad, bajo el cual todas las actuaciones de la Administración deben estar fundamentadas en la ley y dentro del ámbito permitido por aquella” agregó el ente de control.
Además, se encontraron serias inconsistencias en el análisis del estudio de sector. La Procuraduría al revisar la documentación, encontró que tal estudio no contiene los indicadores de capacidad financiera, los indicadores de muestras de empresas que podrían cumplir con el objeto contractual, entre otros puntos.
Lo anterior, porque en el análisis la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía dicha dependencia asignó unos valores específicos (capital de trabajo superior a 7.600 millones de pesos, por ejemplo) los cuales no muestran mayor fundamento o consideración para definirlos así.
También, en el documento de 15 páginas, el Ministerio Público cuestionó las gráficas presentadas en el análisis del sector en materia de contratos adelantados por la FGN entre 2020 y 2025 así como el número de proveedores que tienen mayor número de contratos, y otros ítems.
“La elaboración del estudio del sector es de vital importancia para garantizar principios como el de selección objetiva y pluralidad de oferentes, pues de esta manera la entidad puede determinar que con los requisitos que se establezcan no se esté restringiendo la participación en el proceso de contratación o cercenando la posibilidad a oferentes que puedan competir y puedan cumplir con el objeto contractual” señala el informe.
Igual ocurre con la valoración de costos de la oferta económica para la formulación del presupuesto. Allí el ente de control determinó que la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía sólo agregó un valor específico por ítem a contratar sin mayores explicaciones del por qué.
“ advierte que para estimar el presupuesto oficial, resultaba necesario y pertinente conocer las dinámicas del mercado, a través de un análisis suficiente que permitiera soportar la forma en que se estimó el presupuesto oficial, lo cual no se evidencia en los documentos precontractuales publicados en la plataforma del SECOP II” aseveró.
Adicionalmente, cuestionó ciertas especificaciones técnicas y características de servicios contenidas en el pliego licitatorio que podrían limitar la libre competencia. También posibles omisiones en la inserción laboral, y fomento de ejecución de contratación estatal por parte de población con especial protección.
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