Diego Cadena y Juan José Salazar piden revisión de intervención fiscal en su proceso
Los ciudadanos procesados han solicitado a la Fiscalía General de la Nación la revisión de la intervención de un fiscal que enfrenta cuestionamientos penales.
Solicitud de revisión a la Fiscalía General de la Nación
La W ha tenido acceso a una carta firmada por Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar, en la que solicitan a la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, una revisión sobre la intervención de un fiscal que presenta serias dudas en relación con su actuación en el proceso que se lleva a cabo en su contra.
Preocupaciones sobre la imparcialidad del proceso
En su comunicación, Cadena y Salazar expresan: “Como ciudadanos procesados dentro del radicado de la referencia, nos dirigimos a su Despacho Fiscal con todo el respeto, pero con la convicción de elevar la presente comunicación para dejar constancia expresa de una circunstancia que, en nuestro criterio, compromete seriamente los principios de imparcialidad, idoneidad y transparencia que deben regir la actuación del ente acusador en los procesos penales, particularmente en el que se adelanta contra nosotros”.
Delegación de la representación fiscal
Los demandantes señalan que la representación de la Fiscalía ha sido delegada a Daniel Ricardo Hernández Martínez, quien actualmente enfrenta imputaciones por los delitos de prevaricato por omisión y concusión. Esta situación genera inquietud entre los procesados, quienes consideran que es “abiertamente incongruente e inaceptable” que un ciudadano que se encuentra bajo sospecha por delitos de esta índole sea el encargado de solicitar una condena en su contra.
Impacto en la credibilidad institucional
La carta resalta que esta situación podría afectar gravemente la credibilidad, neutralidad y legitimidad institucional del ejercicio de la acción penal. “Esta situación afecta gravemente la credibilidad, neutralidad y legitimidad institucional del ejercicio de la acción penal”, aseguraron Cadena y Salazar, subrayando la importancia de la confianza pública en el sistema judicial.
Imparcialidad del acusador como garantía del debido proceso
En su comunicación, los procesados enfatizan que “la imparcialidad del acusador constituye una garantía esencial del debido proceso, amparada por el ordenamiento jurídico”. Esta afirmación pone de relieve la necesidad de que quienes representan el poder punitivo actúen sin ningún tipo de reproche ético o jurídico que pueda comprometer la integridad y legalidad de sus actuaciones.
Cadena y Salazar añaden que el conflicto de intereses es evidente: “quien está siendo procesado por hechos lesivos al interés público no puede, a su vez, sostener válidamente una acusación penal en nombre de ese mismo interés colombiano”. Esta afirmación se convierte en un llamado a la reflexión sobre la necesidad de mantener estándares éticos en la administración de justicia.
Vulneración de garantías fundamentales
Los ciudadanos procesados sostienen que permitir la intervención del fiscal en cuestión no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que también “exponen el proceso penal a un reproche legítimo tanto por parte de la comunidad jurídica, como de la ciudadanía”. Este aspecto es crucial, ya que la percepción pública sobre la justicia puede influir en la confianza en el sistema legal.
Coherencia institucional en el ministerio público
En una carta adicional dirigida a Gregorio Eljach, procurador general, Cadena y Salazar han solicitado coherencia institucional en las actuaciones del ministerio público. “Expresamos nuestra preocupación frente a la necesidad de garantizar la observancia de los principios de unidad de criterio, igualdad ante la ley y coherencia institucional”, afirmaron.
Esta petición subraya la importancia de que las posiciones adoptadas por la Procuraduría sean el resultado de una postura institucional consolidada, en lugar de depender de valoraciones individuales de sus funcionarios. La uniformidad en la interpretación de la ley es esencial para el funcionamiento adecuado de la justicia.
Solicitud de mantener la línea jurídica previa
Cadena y Salazar han solicitado que en el proceso en su contra se mantenga la línea jurídica previamente asumida por el delegado del Ministerio Público en el caso que cursa en contra de Álvaro Uribe. En sus alegatos finales, el delegado solicitó la absolución del procesado, lo que los demandantes consideran fundamental para garantizar la equidad en su propio proceso.
“Dicha solicitud no solo se encuentra debidamente sustentada y en armonía con el estado actual del proceso, sino que además responde al ejercicio de valoración probatoria realizado por el Ministerio Público, el cual fue guiado por criterios racionales, que son los únicos que deben guiar el análisis, máxime en procesos con tendencia a la parcialidad por cuestiones políticas”, agregaron. Este llamado a la coherencia en la aplicación de la ley es un aspecto central en su argumentación.
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