Sentencian a 75 meses de prisión a hombre que amenazó de muerte al alcalde de Medellín
Andrey José Piñarete fue condenado por enviar mensajes intimidatorios a Federico Gutiérrez desde España.
Un hecho alarmante tuvo lugar en Colombia cuando un ciudadano amenazó de muerte al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Esta amenaza fue realizada a través de redes sociales y ha llevado a la condena de Andrey José Piñarete a 75 meses de prisión, según lo dictaminado por un juzgado de Bogotá.
Detalles del caso y la condena
La sentencia fue emitida el pasado 12 de julio por el Juzgado Cuarto Penal de Bogotá. En esta decisión, además de la pena privativa de libertad, se impuso a Piñarete una multa económica que equivale a 30 salarios mínimos legales mensuales. Esta sanción se debió al delito de “amenaza contra los defensores de derechos humanos y servidores públicos”, una figura legal que busca proteger a quienes ejercen funciones en el ámbito público.
Los eventos que llevaron a esta condena se remontan al 10 de agosto de 2022, cuando Piñarete utilizó su cuenta personal de Instagram para enviar un mensaje que contenía amenazas violentas dirigidas al alcalde Gutiérrez. En este mensaje, el contenido era explícitamente agresivo, incluyendo frases como
“Das asco pichurria, meterte una indumil es poco, mejor unas 15, dejarle la cabeza llena de metralla”, tal como se detalla en la sentencia judicial.
Investigación y desarrollo del proceso judicial
La investigación sobre este caso comenzó tras la denuncia interpuesta el 16 de agosto de 2022. La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación a través del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Este grupo se encarga de investigar y procesar delitos que atentan contra la integridad de personas en posiciones de liderazgo y defensa de derechos humanos.
En enero de 2023, el Juzgado 28 Penal Municipal de Garantías avaló la imputación de los cargos contra Piñarete. A pesar de que se le presentaron pruebas contundentes, el acusado optó por no aceptar los cargos en su contra, lo que llevó a un proceso judicial más extenso que se prolongó durante más de dos años.
El juicio y testimonios clave
Durante el juicio oral, que se llevó a cabo entre abril y diciembre de 2024, se presentaron varios testimonios que resultaron fundamentales para la condena de Piñarete. Uno de los testimonios más impactantes fue el del propio alcalde Federico Gutiérrez, quien se presentó como víctima en el proceso. Gutiérrez relató cómo la amenaza que recibió a través de Instagram afectó su tranquilidad y la de su familia, generándole un estado de zozobra a pesar de no conocer personalmente al remitente de las amenazas.
Además del testimonio del alcalde, la excompañera sentimental de Piñarete ofreció un relato que corroboró la autenticidad del perfil de Instagram desde el cual se enviaron las amenazas. Esta mujer también reveló el carácter violento del condenado, afirmando que había presentado denuncias previas por violencia intrafamiliar en su contra. Este contexto de violencia familiar añadió un peso adicional a las pruebas presentadas en el juicio.
Consecuencias de la condena
Aparte de la pena privativa de libertad y la multa económica impuesta, la condena también incluye la inhabilitación de Piñarete para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo período de la condena principal. Esta medida busca prevenir que personas con antecedentes de comportamiento violento puedan acceder a posiciones de poder o responsabilidad en el futuro.
El juzgado también tomó la decisión de negar beneficios como la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria. La razón detrás de esta decisión se basa en que la condena impuesta supera los cuatro años y, además, no se acreditó el arraigo social, laboral y familiar del sentenciado. Estos factores son considerados cruciales para garantizar que el condenado no represente un peligro para la comunidad.
Este caso ha puesto de relieve la importancia de proteger a los funcionarios públicos y defensores de derechos humanos en Colombia, un país que ha enfrentado históricamente retos en materia de seguridad y violencia. La decisión del juzgado refleja un esfuerzo por parte del sistema judicial colombiano para abordar y sancionar adecuadamente las amenazas y actos de violencia dirigidos a quienes desempeñan roles significativos en la sociedad.
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