Cambio de contratista en Hidroituango generó un presunto detrimento patrimonial
La Contraloría General de Antioquia concluyó que el reemplazo del consorcio constructor bajo la administración de Daniel Quintero pudo haber ocasionado un detrimento patrimonial significativo.
La reciente decisión de reemplazar al consorcio encargado de la construcción de la represa Hidroituango, una obra emblemática para la región, fue tomada durante la administración del exalcalde Daniel Quintero. Esta medida ha suscitado controversia y ha sido objeto de un análisis exhaustivo por parte de la Contraloría General de Antioquia. Según el informe de fiscalización, se estima que esta decisión podría haber causado un presunto detrimento patrimonial de $108.585 millones, un monto que ha levantado serias preocupaciones sobre la gestión y la planificación de los recursos públicos.
Hallazgos de la Contraloría
Juan Carlos Herrera Toro, contralor general de Antioquia, explicó que la auditoría se centró en el proceso de cambio de contratista llevado a cabo entre los años 2022 y 2023. El resultado de esta revisión reveló que existen posibles hallazgos de responsabilidad fiscal en relación con la Empresa Pública de Medellín (EPM), la cual ahora deberá enfrentar una investigación adicional por parte de la Contraloría Distrital de Medellín. Este procedimiento es crucial para determinar la magnitud del impacto que estas decisiones han tenido sobre los recursos públicos que administra EPM.
Impacto en los costos de ejecución
La Contraloría advirtió que los sobrecostos asociados a la obra de Hidroituango se originaron debido a la ejecución de mayores cantidades de obra y a la elevación de los costos más allá de lo inicialmente proyectado. Este incremento en los costos ha planteado serias dudas sobre la eficacia de la gestión del proyecto y sobre cómo se han administrado los recursos destinados a esta obra crucial para la infraestructura energética del país. El actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha expresado su preocupación al respecto, señalando que los presuntos responsables de este detrimento patrimonial podrían estar recibiendo protección por parte del Gobierno nacional.
Declaraciones del alcalde de Medellín
El alcalde Gutiérrez no ha escatimado en críticas hacia la administración anterior, afirmando que “lo más indignante es que varios de los responsables de ese desastre hoy están protegidos por Petro y manejando recursos de la salud de millones de colombianos”. Esta declaración resuena fuertemente en el contexto actual, donde la gestión de recursos públicos es un tema de gran relevancia para la ciudadanía. Además, Gutiérrez destacó que el exgerente de EPM, quien fue señalado como responsable del detrimento, fue nombrado por el presidente Gustavo Petro como gerente de ISA, lo que ha generado aún más inquietudes sobre la transparencia en la administración pública.
El tiempo nos sigue dando la razón.
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 22, 2026
Hoy la Contraloría General de Antioquia concluyó que las decisiones tomadas por la administración que se robó a Medellín frente al cambio de contratistas en Hidroituango generaron un posible detrimento patrimonial de más de $108.000.000.000.…
Hallazgos adicionales en la auditoría
La auditoría realizada por la Contraloría también identificó dos hallazgos administrativos que están relacionados con el seguimiento financiero del proyecto. Estos hallazgos son particularmente relevantes, dado que abordan la forma en que se han manejado los recursos destinados a Hidroituango y el control que se ha ejercido sobre ellos. Debido a la naturaleza de las actuaciones relacionadas con EPM, el hallazgo fiscal fue remitido a la Contraloría Distrital de Medellín, que ahora tiene la responsabilidad de determinar si existen responsabilidades asociadas a los presuntos sobrecostos de Hidroituango. Este proceso es fundamental para garantizar que se haga justicia y que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de la comunidad y de los recursos públicos.
El futuro del proyecto Hidroituango
El proyecto Hidroituango, que se ha proyectado como una solución clave para el suministro energético en Colombia, enfrenta ahora un panorama incierto debido a las controversias que lo rodean. La necesidad de una gestión más eficiente y transparente es evidente, y los resultados de la auditoría de la Contraloría podrían tener repercusiones significativas en la manera en que se llevan a cabo las obras públicas en el país. La vigilancia y el control por parte de las entidades de fiscalización son esenciales para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y que se eviten futuros casos de detrimento patrimonial.
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