Destitución e inhabilidad de exsecretaria de infraestructura de Medellín por irregularidades en contrato
La Procuraduría confirma la sanción de destitución e inhabilidad por nueve años a Natalia Urrego Arias y Jorge Enrique Liévano Ospina por la celebración de un contrato irregular durante la pandemia.
La sanción de la Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría General de la Nación ha confirmado la destitución e inhabilidad general por un período de nueve años a la exsecretaria de Infraestructura de Medellín, Natalia Urrego Arias, así como al exgerente general de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina. Esta decisión se deriva de la celebración de un contrato que no fue respaldado por estudios adecuados que evaluaran las dificultades provocadas por la pandemia de Covid-19, lo cual condujo a la prórroga del mismo.
Detalles del contrato y la prórroga
El fallo, emitido en segunda instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, establece que los funcionarios implicados extendieron el plazo del contrato hasta el 10 de junio de 2021. Este contrato había sido originalmente firmado por un período de tres meses, comenzando el 3 de noviembre de 2020 y finalizando el 3 de febrero de 2021. La justificación presentada para esta modificación del contrato se basó en las medidas adoptadas por los gobiernos nacional, departamental y municipal para mitigar los efectos de la pandemia.
Justificación y fundamentos del fallo
La Procuraduría destacó que la justificación que utilizaron Urrego Arias y Liévano Ospina para modificar los términos del contrato no se sustentó en un evento sobreviniente, imprevisible o irresistible. Por el contrario, las circunstancias que llevaron a la prórroga eran preexistentes y bien conocidas en el momento de la firma del contrato. Esto implica que los funcionarios no actuaron con la debida diligencia y responsabilidad que su cargo requería.
“La justificación presentada no obedeció a un hecho sobreviniente, sino a circunstancias preexistentes y plenamente conocidas al momento de su celebración”, indicó el ente de control.
Consecuencias de la conducta de los funcionarios
El Ministerio Público, al analizar el caso, determinó que al modificar los términos del contrato, que tenía un valor de $5.226.291.836, tanto Urrego Arias como Liévano Ospina desconocieron los principios fundamentales de economía y eficacia que deben regir en la administración pública. Esta falta de atención a dichos principios llevó a que su conducta fuera calificada como una falta gravísima, cometida bajo el título de culpa gravísima.
Impacto en la administración pública
La decisión de la Procuraduría no solo afecta a los funcionarios sancionados, sino que también tiene un impacto significativo en la administración pública de Medellín. La confianza de los ciudadanos en las instituciones se ve comprometida cuando surgen casos de irregularidades en la gestión de contratos públicos, especialmente en un contexto crítico como el que ha generado la pandemia de Covid-19. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y eficiente.
Reacciones a la sanción
La confirmación de la sanción ha generado diversas reacciones en la opinión pública y entre los actores políticos de la región. Algunos consideran que esta acción de la Procuraduría es un paso positivo hacia la lucha contra la corrupción y la mala gestión en el sector público. Otros, sin embargo, pueden cuestionar la efectividad de las sanciones si no van acompañadas de medidas preventivas y de fortalecimiento institucional que eviten que situaciones similares se repitan en el futuro.
El futuro de Metroparques y la gestión pública en Medellín
Con la inhabilidad de Liévano Ospina, se plantea un interrogante sobre el futuro de Metroparques y su capacidad para continuar operando de manera efectiva. Es esencial que la entidad, así como otras en el ámbito público, implementen mecanismos que aseguren la correcta gestión de los recursos y el cumplimiento de las normativas vigentes. La confianza de la ciudadanía en estas instituciones depende de su capacidad para actuar con integridad y responsabilidad.
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