Procuraduría investiga a directivos de Ecopetrol por contrato con Covington & Burling
Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe son señalados por presuntas irregularidades en la gestión de un contrato polémico.
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación formal contra los miembros de la junta directiva de Ecopetrol, Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, en relación con un contrato que ha generado controversia.
Indagación formal
Según el auto expedido el 9 de septiembre de 2025, el órgano de control ha considerado necesario establecer si los dos funcionarios incurrieron en irregularidades disciplinarias al votar a favor de la suspensión del contrato en febrero de este año. En esta providencia, la Procuraduría también ordenó la práctica de nuevas pruebas y reprogramó la recepción de varios testimonios.
El contrato bajo la lupa
El contrato en cuestión fue firmado el 29 de agosto de 2024 con la firma Covington & Burling LLP. Su objetivo inicial era medir los impactos reputacionales derivados de las investigaciones contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Sin embargo, el alcance del acuerdo se amplió para incluir la revisión de comunicaciones internas de más de 70 funcionarios de la compañía, lo que generó alarmas en el Ministerio Público.
La Procuraduría ha señalado que las supuestas anomalías ocurrieron desde la planeación hasta la ejecución del contrato CW207382. Entre los hallazgos más relevantes se incluye la modificación de los términos mediante un “otrosí”, lo que hizo que el valor inicial de 875 mil dólares se incrementara a 5,8 millones de dólares.
Otros altos cargos en la mira
La investigación también abarca a otros directivos de Ecopetrol. El 25 de junio, tras una inspección en la sede de la empresa, la Procuraduría vinculó a varios altos cargos, incluyendo:
- Alberto José Vergara Monterrosa, director corporativo de Cumplimiento;
- Luis Felipe Rivera García, vicepresidente corporativo de Ciencia, Tecnología e Información;
- Ludwig Wilson Mejía, funcionario de la Gerencia de Abastecimiento.
Estos directivos son señalados por presuntamente retener información y ordenar la inspección de otros servidores de la compañía, incluyendo la recopilación de correos electrónicos y documentos de funcionarios y exfuncionarios enlistados en los reportes internos.
Conclusión
Con estas nuevas actuaciones, la Procuraduría busca determinar el grado de responsabilidad de los directivos de Ecopetrol en la adjudicación y desarrollo del contrato que actualmente cuestiona a la compañía más grande del país.
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