El ministro Eduardo Montealegre solicita extradición de Carlos Ramón González
El ministro de Justicia pide a la Fiscalía General de la Nación que inicie el proceso de extradición del exdirector del Dapre, implicado en un escándalo de corrupción.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la Nación que inicie el trámite de extradición de Carlos Ramón González, quien se encuentra en el centro de un escándalo relacionado con la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD). Esta solicitud se basa en la necesidad de hacer justicia en un caso que ha conmocionado al país debido a las implicaciones de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno.
Fundamentación de la solicitud de extradición
Montealegre destacó que el fundamento de esta solicitud de extradición se encuentra en el tratado bilateral suscrito en Managua el 25 de marzo de 1929, el cual establece las pautas y procedimientos para la extradición de fugitivos entre Colombia y Nicaragua. En sus declaraciones, el ministro enfatizó la importancia de respetar las garantías procesales y la presunción de inocencia, principios fundamentales en el sistema judicial colombiano.
“El pedido de extradición se fundamenta en el tratado bilateral, suscrito en Managua el 25 de marzo de 1929”, señaló el ministro.
En este contexto, Montealegre subrayó que el Gobierno ha manifestado su compromiso de colaborar en todos los casos relacionados con corrupción, asegurando que se respeten los derechos de los implicados. Esta postura refleja un enfoque serio y responsable por parte del Ministerio de Justicia en la lucha contra la corrupción, un tema que ha generado preocupación en la sociedad colombiana.
Compromiso del Ministerio de Justicia
El ministro de Justicia también expresó que su cartera está decidida a colaborar en las gestiones necesarias para avanzar en el caso de la UNGRD. Aseguró que están preparados para actuar en cuanto la Fiscalía General de la Nación realice la solicitud formal de extradición. Esta colaboración es fundamental para garantizar que se lleven a cabo los procedimientos legales adecuados y se logre una respuesta eficiente ante la situación que enfrenta González.
“Estamos prestos a colaborar en las gestiones que se necesiten para la extradición, una vez que la Fiscalía haga la solicitud formal”, afirmó Montealegre.
Montealegre también mostró su expectativa de recibir una respuesta pronta y expedita por parte de la fiscal Luz Adriana Camargo, quien ha dado inicio a los trámites correspondientes para concretar la solicitud de extradición. Esta celeridad es esencial, dado el contexto de la situación y la necesidad de que se haga justicia en el caso.
Residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua
El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, ha sido vinculado a un escándalo de corrupción en la UNGRD, y se encuentra actualmente en Nicaragua, donde ha obtenido la residencia. Esta información fue revelada por Noticias RCN, lo que ha generado inquietudes sobre el apoyo que pudo haber recibido del Gobierno Nacional para regularizar su estatus migratorio.
Según los informes, González habría recibido asistencia para este proceso el mismo día en que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por su presunta responsabilidad en el escándalo. En un documento que fue enviado por la Embajada de Colombia en Nicaragua al Gobierno de ese país, se solicitó apoyo al Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio de González, cuya residencia está próxima a vencer el 14 de junio de 2025.
Implicaciones de la decisión judicial
La decisión judicial que se tomó en contra de Carlos Ramón González ha sido contundente. En ella, se afirma que “le asiste razón a la delegada de la Fiscalía, toda vez que los comportamientos por los cuales se formuló imputación a Carlos Ramón González Merchán revisten una gravedad manifiesta”. Este pronunciamiento resalta el daño que las acciones de González podrían haber ocasionado a la sociedad y, en particular, a la administración pública.
“El daño que ocasionan a la sociedad y en especial a la administración pública es demasiado alto, porque conlleva el corromper las instituciones encargadas de legislar en nuestro país y utilizar los fondos destinados para atender los riesgos y desastres naturales para satisfacer ese fin ilícito”, señala la decisión judicial.
Este tipo de decisiones judiciales son cruciales para mantener la integridad de las instituciones y asegurar que los responsables de actos de corrupción rindan cuentas por sus acciones. La gravedad de las acusaciones contra González subraya la necesidad de una respuesta firme y decidida por parte de las autoridades competentes.
En este contexto, la solicitud de extradición y las acciones del Ministerio de Justicia son pasos significativos en la lucha contra la corrupción en Colombia. La atención de la opinión pública hacia este caso refleja el interés general por la transparencia y la justicia en la gestión pública.
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