Ministerio de Hacienda demanda ley que modifica el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales

Demanda del Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que modifica el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. Esta acción legal se fundamenta en una serie de preocupaciones que la cartera ha expresado sobre las repercusiones que podría tener la implementación de esta ley en las finanzas tanto de la Nación como de las entidades territoriales. Además, se ha argumentado que la sostenibilidad del fondo podría verse comprometida.

Uno de los puntos más críticos de la ley es que prohíbe la realización de aportes durante el segundo semestre, lo que dejaría a las entidades sin los recursos suficientes para financiar la administración del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). Esta restricción es vista como una amenaza directa a la viabilidad de un sistema de pensiones que ya enfrenta desafíos significativos.

Es importante recordar que el Ministerio de Hacienda ya había emitido un concepto desfavorable respecto a esta ley. La entidad ha señalado que “

se desconoció el principio de especialidad del trámite en las comisiones permanentes en las que se llevó a cabo el primer debate en cada cámara.

” Según el artículo 2 de la ley 3ª de 1992, el primer debate en el Senado y la Cámara de Representantes debería haberse llevado a cabo en las comisiones séptimas, dado que se trata de un tema de seguridad social, y no en las comisiones terceras, que son de carácter económico.

Implicaciones de la ley

La ley en cuestión establece varias disposiciones que han suscitado inquietud. En primer lugar, a partir del año 2006, se impone a los distritos y municipios un aporte del 10% de sus Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) para el FONPET. Esto podría generar una carga financiera adicional para las entidades territoriales, que ya enfrentan limitaciones presupuestarias.

Además, la ley permite el retiro de recursos excedentes del FONPET, lo que podría debilitar aún más la capacidad del fondo para cumplir con sus obligaciones futuras. Durante las vigencias de 2025 a 2027, la ley también autoriza la reorientación de las rentas que constituyen aportes a cargo de las entidades territoriales para gastos de inversión. Esta medida ha sido interpretada como un intento de desviar recursos que deberían destinarse a la financiación de pensiones.

La preocupación del Ministerio de Hacienda se centra en que estas disposiciones podrían llevar a un rápido deterioro del FONPET, poniendo en riesgo su objetivo principal, que es la financiación del pasivo pensional de las entidades territoriales. La entidad ha advertido que, si se permite la implementación de esta ley, se corre el riesgo de que el fondo se extinga, lo que tendría consecuencias devastadoras para los beneficiarios de las pensiones.

Por otro lado, el impacto no se limita únicamente a las entidades territoriales. La Nación también podría enfrentar serias dificultades, ya que,

“a corte 31 de diciembre de 2026, la Nación tendrá que pagar $6.57 billones al Fondo, afectando el presupuesto nacional”

. Esta cifra representa una carga significativa que podría desestabilizar aún más las finanzas públicas, especialmente en un contexto donde los recursos son limitados y la demanda por servicios públicos sigue en aumento.

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