Médicos colombianos pidieron ante la CIDH medidas cautelares por violaciones a sus derechos
La solicitud fue presentada ante la CIDH en Washington D.C. en contra de la Fiscalía y la rama judicial. Esta es la historia conocida por W Radio.
Este lunes, 10 de marzo, fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C. una solicitud urgente para que se implementen medidas cautelares a favor de ocho médicos cirujanos colombianos, quienes aseguran haber sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado colombiano.
La petición presentada por el abogado Juan Camilo Sanclemente, conocida por W Radio, se dirige contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, quienes, según los denunciantes, han vulnerado el derecho al debido proceso, las garantías judiciales y la presunción de inocencia.
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La defensa sostiene que existirían intereses oscuros detrás del proceso que busca afectar la reputación de estos profesionales de la salud.
Según la denuncia, los médicos fueron acusados injustamente a pesar de contar con pruebas que demuestran su inocencia, especialmente en lo referente a la validez de sus títulos de especialización en Cirugía Plástica Estética obtenidos en Brasil, títulos reconocidos por el Estado brasileño. Sin embargo, un fallo judicial en Colombia cuestionó la legalidad de estos documentos, a pesar de su validez oficial en Brasil.
Los médicos involucrados son: Alfredo Rodríguez Figueroa, Gerardo Rojas Gómez, Giovani Cortes Montealegre, Henry Diego Fernando Ortiz Silva, Juan Fernando Abadía Silva, Marco Antonio Vergara Calero, María Mónica Martínez Martínez y Rubén Darío Arciniegas Martínez.
En su solicitud, el abogado Sanclemente también exige que la identidad de los médicos sea revelada públicamente, ya que creen que mantenerla confidencial podría obstaculizar su derecho a una defensa adecuada. Con esta acción, la defensa busca que la CIDH intervenga para garantizar que se respete el debido proceso y se detenga un juicio que, aseguran, está siendo llevado sin pruebas suficientes, lo que podría perjudicar irreparablemente las vidas y carreras de los médicos involucrados.
Los argumentos clave de la defensa incluyen la homologación de los títulos por parte de la Universidad Veiga de Almeida en Brasil, conforme a las normativas tanto brasileñas como colombianas, lo que valida la formación obtenida. La defensa también señala que no existen pruebas de falsedad documental, y que las acusaciones carecen de fundamento.
Cabe recordar que, en este caso, la solicitud presentada ante la CIDH tiene como objetivo que se implementen medidas cautelares para proteger los derechos de los médicos mientras se resuelve el proceso judicial.
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