Arresto y multa para interventor de la Nueva EPS por desacato judicial
El Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Medellín impone sanciones a Luis Óscar y Carlos Andrés por incumplimiento en la atención médica de una paciente de 92 años.
Medidas drásticas contra el interventor de la Nueva EPS
El Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Medellín ha tomado una decisión contundente al imponer una sanción de dos días de arresto y una multa equivalente a dos salarios mínimos a Luis Óscar, quien actúa como agente interventor de la Nueva EPS. Esta acción se ha llevado a cabo tras la declaración de desacato en la que se encuentra por no cumplir con un fallo de tutela que tenía como objetivo proteger la vida de una paciente vulnerable.
El caso de Blanca: una espera angustiosa
La medida judicial responde a un caso alarmante que involucra a Blanca, una paciente de 92 años que ha estado esperando durante más de un mes y medio un procedimiento cardíaco esencial en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Manuel Uribe Ángel. La situación de Blanca es un reflejo de la indiferencia administrativa que se presenta en casos críticos de salud, donde la vida de una persona está en juego.
El origen de este proceso se remonta a enero de 2026, cuando el despacho judicial emitió una orden clara y precisa: el traslado inmediato de la paciente a una institución con especialidad en electrofisiología. Sin embargo, a pesar de esta directriz, la respuesta por parte de la Nueva EPS ha sido insuficiente, lo que ha llevado a la situación actual de desacato.
Urgencia médica y falta de acción
Blanca no solo necesita atención médica; su situación es crítica. Requiere con urgencia el explante de un marcapasos y la implantación de uno bicameral. A pesar de la gravedad de su condición, tanto el agente interventor Luis Óscar como el gerente regional Noroccidente, Carlos Andrés, quien también ha sido sancionado con las mismas medidas, no han tomado las acciones necesarias para garantizar la remisión de la paciente. Este incumplimiento ha dejado a la adulta mayor en un estado de vulnerabilidad extrema, poniendo en riesgo su vida.
Consecuencias de la omisión administrativa
Ante esta alarmante situación, la providencia del juzgado ha instruido a la Policía Metropolitana de Medellín para que proceda con la detención de los sancionados una vez que la decisión quede ejecutoriada. Este paso subraya la gravedad del desacato y la importancia de cumplir con las órdenes judiciales que salvaguardan el derecho fundamental a la salud.
Las órdenes judiciales que protegen el derecho fundamental a la salud no son sugerencias y su omisión tiene consecuencias penales directas para quienes lideran las entidades intervenidas.
El expediente relacionado con este caso ha sido remitido al Tribunal Superior de Medellín para su revisión, lo que indica que la situación está siendo monitoreada de cerca. Este tipo de acciones legales no solo busca sancionar a los responsables, sino también establecer un precedente en la protección de los derechos de los pacientes, especialmente en un sistema de salud que enfrenta múltiples desafíos.
Repercusiones en el sistema de salud
El caso de Blanca es solo uno de muchos que evidencian las fallas en el sistema de salud colombiano. La falta de atención oportuna y adecuada a pacientes en situaciones críticas plantea serias preguntas sobre la gestión de las entidades de salud y su compromiso con el bienestar de los ciudadanos. Las decisiones judiciales, como la reciente sanción impuesta a Luis Óscar y Carlos Andrés, son pasos necesarios hacia la rendición de cuentas y la mejora del sistema.
La situación de Blanca es un llamado de atención para las autoridades y para la sociedad en general. La salud no debe ser un privilegio, sino un derecho garantizado para todos, especialmente para aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. La respuesta de las entidades de salud y su capacidad para cumplir con la ley serán fundamentales para asegurar que casos como el de Blanca no se repitan en el futuro.
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