Consejo de Estado condena al Ejército por asesinato de campesino en Anorí

El caso de Hugo Alberto Arango Galeano

El Consejo de Estado ha emitido un fallo en segunda instancia que condena al Ejército colombiano por el asesinato de Hugo Alberto Arango Galeano, un recolector de hoja de coca, en el municipio de Anorí, Antioquia. Este trágico suceso tuvo lugar hace 19 años, el 7 de enero de 2007, y ha sido objeto de una larga y dolorosa batalla legal por parte de la familia de la víctima.

De acuerdo con la investigación realizada, Hugo Alberto, quien era conocido en la región como raspachín, fue engañado por miembros del Ejército que lo citaron a la vereda La Montañita bajo el pretexto de recibir productos relacionados con su actividad de raspado de hoja de coca. Sin embargo, lo que parecía ser una reunión inofensiva se convirtió en una emboscada mortal. Durante el ataque, Hugo Alberto fue fusilado, y su muerte fue presentada posteriormente como una baja en combate.

Detalles del asesinato

Hugo Alberto Arango Galeano se encontraba en compañía de un amigo cuando fue convocado por efectivos del batallón Bomboná. La cita, que inicialmente parecía un acto rutinario, terminó en una emboscada en la que ambos fueron ejecutados arbitrariamente. Javier Villegas Posada, abogado de la familia de Hugo, declaró:

“Hugo Galeano era un joven raspachín de la región de Anorí que junto a un compañero de labores fue citado por efectivos del batallón Bomboná a una cita que a la postre terminó siendo emboscada en la que los ejecutaron limpiamente, arbitrariamente sin ninguna razón”

.

El acompañante de Hugo logró sobrevivir al ataque, aunque gravemente herido. Este testigo se las arregló para huir hacia el casco urbano en busca de ayuda, lo que permitió que se conocieran más detalles sobre el suceso. En la escena del crimen, las autoridades encontraron casquillos de bala calibre 5.56, que pertenecen a los fusiles utilizados por la fuerza pública. En ese momento, el Ejército justificó la muerte de Hugo Alberto alegando que había sido un enfrentamiento en combate, una versión que fue desmentida posteriormente.

Proceso judicial y condena

Después de casi dos décadas desde el asesinato, el Tribunal Administrativo de Antioquia dictó una sentencia en primera instancia que condenó al Ejército por su responsabilidad en la muerte de Hugo Alberto. Sin embargo, la entidad militar apeló esta decisión, lo que llevó el caso al Consejo de Estado. En una reciente resolución, el Consejo de Estado ratificó la condena, cerrando un capítulo de dolor y sufrimiento para la familia de la víctima.

Javier Villegas, abogado de la familia, comentó sobre la importancia del fallo:

“El fallo proferido por el Consejo de Estado ratifica que Hugo Alberto fue víctima de un falso positivo y que su ejecución vulnera derechos fundamentales y es una violación gravísima al Derecho Internacional Humanitario y violación gravísima a los derechos humanos”

. Este reconocimiento es un paso significativo en la búsqueda de justicia en un contexto donde las violaciones de derechos humanos han sido recurrentes.

La espera de justicia y reparación

Los militares involucrados en la muerte de Hugo Alberto se han acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un sistema judicial creado en Colombia para abordar los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Por su parte, la familia de la víctima espera una reparación integral por parte del Estado, reconociendo su responsabilidad en este caso de asesinato extrajudicial.

Este caso no solo resalta la tragedia personal que ha vivido la familia de Hugo Alberto, sino que también pone de relieve un patrón de abusos y violaciones de derechos humanos que han marcado la historia reciente de Colombia. La lucha por justicia continúa, y el reconocimiento de estos crímenes es esencial para sanar las heridas de un pasado doloroso.