Denuncian a directivo del Inpec por salida de ‘Carlos Pesebre’ para el tarimazo
Un documento de la rama judicial pone en evidencia la irregularidad en la salida de alias ‘Carlos Pesebre’ de la cárcel La Paz de Itagüí para participar en un evento político.
Recientemente, un documento emitido por la rama judicial ha revelado una situación alarmante relacionada con la salida de la cárcel La Paz de Itagüí de alias ‘Carlos Pesebre’. Este individuo, conocido por su papel en el crimen organizado en el Valle de Aburrá, participó en un evento político conocido como el 'tarimazo', que tuvo lugar en junio del año pasado. La denuncia sugiere que su salida fue irregular, lo que plantea serias preguntas sobre los procedimientos de liberación de reclusos en el contexto de eventos políticos.
Irregularidades en la autorización de salida
La irregularidad en la salida de ‘Carlos Pesebre’ no fue únicamente señalada por el juez 13 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín, sino que también llevó a la denuncia penal contra el coronel Rolando Antonio Ramírez. Este oficial, quien en ese momento era el director de custodia y vigilancia del Inpec, firmó la resolución que permitió la salida del recluso. Según la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla Minami, la resolución 5208 del 19 de junio del año anterior carecía de un soporte jurídico adecuado.
“Resulta que esa resolución 5208 del 19 de junio del año anterior no tenía un soporte jurídico porque el juez de ejecución de penas no autorizó la salida”, afirmó Carrasquilla Minami.
Las palabras de Carrasquilla resaltan la gravedad de la situación, ya que el juez involucrado ha confirmado que no se otorgó el permiso necesario para que alias ‘Carlos Pesebre’ abandonara la prisión. Esta falta de autorización no solo afecta a este individuo, sino que también se extiende a otros ocho cabecillas delincuenciales que participaron en el mismo evento político, lo que sugiere un patrón de irregularidades en el manejo de permisos de salida.
El papel de la senadora Isabel Zuleta
La senadora Isabel Zuleta también ha sido mencionada en este escándalo, ya que se alega que fue ella quien facilitó el permiso para que estos criminales participaran en el tarimazo. Actualmente, Zuleta enfrenta denuncias ante la Corte Suprema, lo que añade una capa adicional de complejidad a esta situación. La participación de figuras políticas en actos que involucran a criminales condenados plantea serias preocupaciones sobre la integridad del sistema judicial y la relación entre la política y el crimen organizado.
“Con esto queda claro que el poder es de la rama judicial el tema de personas condenadas y privadas de la libertad”, agregó Carrasquilla.
Estas declaraciones subrayan la importancia de la independencia judicial y el respeto a los procedimientos legales en el manejo de casos de criminales condenados. La situación actual no solo pone en tela de juicio la actuación de las autoridades del Inpec, sino que también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el cumplimiento de la ley.
Investigaciones en curso
En medio de este escándalo, la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes ha iniciado una investigación al presidente Gustavo Petro debido a su relación con el tarimazo. Este evento, que ha generado controversia y críticas, se ha convertido en un punto focal para examinar la interacción entre el gobierno y el crimen organizado. La investigación busca esclarecer los vínculos y las decisiones que llevaron a la participación de criminales condenados en un acto político de tal magnitud.
Reacciones y repercusiones
Las reacciones ante este escándalo han sido diversas. Desde sectores políticos hasta la ciudadanía, muchos han expresado su preocupación por la posible normalización de la participación de criminales en actividades políticas. La situación ha reavivado el debate sobre la seguridad, la justicia y la ética en la política colombiana. Las implicaciones de este caso pueden ser profundas, afectando no solo a los involucrados, sino también a la confianza pública en las instituciones que deben velar por la ley y el orden.
La denuncia sobre la salida irregular de alias ‘Carlos Pesebre’ es un recordatorio de los desafíos que enfrenta el sistema judicial colombiano y la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos que rigen la liberación de reclusos. A medida que avanza la investigación, se espera que se arroje más luz sobre este caso y se tomen las medidas adecuadas para garantizar que la justicia prevalezca.
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