Confirmada la destitución de exfuncionarios de Metroparques por irregularidades en contratos
La Procuraduría General de la Nación ha ratificado la inhabilidad de 9 años para Natalia Urrego y Jorge Enrique Liévano, quienes enfrentan además investigaciones penales.
Fallo de la Procuraduría General de la Nación
En un reciente fallo de segunda instancia emitido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación, se ha confirmado la destitución e inhabilidad por un periodo de 9 años para la exsecretaria de Infraestructura de Medellín, Natalia Urrego Arias, así como para el exgerente general de Metroparques, Jorge Enrique Liévano. Esta decisión se enmarca dentro de un proceso administrativo que ha revelado serias irregularidades en la gestión de contratos durante su administración.
Investigaciones penales en curso
Sin embargo, la situación legal de ambos exfuncionarios no se limita a la sanción administrativa. También están bajo el escrutinio de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentan investigaciones penales por delitos que incluyen la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, así como el interés indebido en la celebración de dichos contratos. Estos delitos son considerados graves y reflejan un contexto de corrupción que ha afectado la confianza pública en las instituciones.
Contexto del contrato en cuestión
El contrato que ha desencadenado esta serie de eventos se firmó en el año 2020, en medio de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Según declaraciones de Daniel Esteban Salazar, veedor ciudadano, este contrato fue prorrogado y firmado sin cumplir con los requisitos legales necesarios, lo que ha llevado a cuestionar la transparencia y la ética en la gestión pública durante ese periodo. Salazar enfatizó la gravedad de la situación al afirmar:
“Recordemos que este contrato firmado en el año 2020 durante la emergencia del COVID fue prorrogado y firmado sin el cumplimiento de los requisitos legales”.
Pronunciamiento del alcalde de Medellín
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se ha pronunciado sobre este caso a través de su cuenta en la plataforma X. En su mensaje, Gutiérrez destacó que aquellos que han cometido actos de corrupción en la ciudad están siendo responsabilizados. Comentó:
“Los que se robaron a Medellín, siguen cayendo. Este es por proceso de los Jardines. Recordemos que le quitaron el contrato al Jardín Botánico, para entregárselo a un particular. Y luego dejaron morir los jardines.”Esta declaración subraya la preocupación del alcalde por la gestión de recursos públicos y la necesidad de justicia en casos de corrupción.
Irregularidades en la administración anterior
Daniel Esteban Salazar también destacó que durante la administración del exalcalde Quintero, se firmaron numerosos contratos con irregularidades. Salazar mencionó que muchos ciudadanos han comenzado a tomar conciencia sobre estas problemáticas y que, tras años de impunidad, se están viendo avances en la justicia. Al respecto, señaló:
“Muchos ciudadanos se dieron cuenta de que durante la administración de Quintero fueron demasiados los contratos que se firmaron con irregularidades y apenas estamos viendo la luz al final del túnel de un contrato que fue del año 2020. cinco años después”.
Calificación de la falta
El ente de control ha calificado la falta cometida por los exfuncionarios como gravísima, lo que ha llevado a la Procuraduría a tomar medidas contundentes para salvaguardar la integridad de la administración pública. La primera sentencia de inhabilidad y destitución fue emitida en agosto del año en curso, y ahora, con la ratificación del fallo por parte de la Procuraduría, se espera que se tomen acciones adicionales para garantizar la transparencia en la gestión de recursos públicos en Medellín.
Desafíos futuros
Este caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia ciudadana y el papel de las instituciones en la lucha contra la corrupción. A medida que se desarrollan las investigaciones penales, la comunidad espera que se logre establecer la verdad sobre las irregularidades y que se tomen las medidas adecuadas para prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro.

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