Antioquia

Autoridades de Antioquia solicitan intervención de EE. UU. ante filtraciones con disidencias de las Farc

El alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia piden al gobierno estadounidense que investigue las conexiones entre altos mandos del Ejército y las disidencias de las Farc.

Autoridades de Antioquia solicitan intervención de EE. UU. ante filtraciones con disidencias de las Farc

Intervención estadounidense en el escándalo de filtraciones

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, junto con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, han solicitado formalmente la intervención del gobierno de Estados Unidos en el marco de un escándalo que involucra filtraciones de información sensible entre altos mandos del Ejército colombiano y las disidencias de las Farc, lideradas por el conocido alias ‘Calarcá’. Esta situación ha generado una gran preocupación en el ámbito político y social de la región, ya que pone en evidencia posibles complicidades y la falta de transparencia en las instituciones de seguridad del país.

Demandas de justicia y responsabilidad

En una declaración contundente, el alcalde Gutiérrez expresó:

“Pedimos a la justicia que investigue al presidente Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez. Le pedimos al gobierno de los Estados Unidos y lo haré también a través de su embajador John McNamara que se avance en las investigaciones”
. Esta solicitud refleja la gravedad de las acusaciones y la necesidad de una respuesta efectiva ante lo que consideran un grave problema de seguridad nacional.

El gobernador Andrés Julián Rendón también se unió a esta petición, enfocándose en la figura de la fiscal Luz Adriana Camargo. En sus declaraciones, sugirió que la fiscal debería ser incluida en la lista Clinton, la cual ya contempla al presidente Gustavo Petro. El gobernador afirmó:

“Ojalá el gobierno americano, porque la fiscal no tiene quien la ronda, pongan la lupa su accionar por haber engavetado por más de 16 meses, lo que pudo haber sido investigado y llevado a juicio”
. Este comentario subraya la frustración de las autoridades locales respecto a la percepción de inacción en la justicia.

Reacción del presidente Petro

La situación escaló cuando, horas después de las declaraciones de los mandatarios antioqueños, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta en la red social X para responder al gobernador. En su mensaje, Petro cuestionó la autoridad del gobernador para sugerir que el país debería actuar conforme a la voluntad de Estados Unidos, afirmando:

“¿Quién le dijo al gobernador de Antioquia que el país se maneja de acuerdo a la voluntad de EE. UU.? Respete a Colombia. Las disidencias son producto del propio uribismo que no supo respetar la Paz”
. Esta respuesta pone de manifiesto la tensión existente entre el gobierno nacional y las autoridades locales, así como la complejidad del contexto político actual.

Informes de inteligencia y acusaciones de corrupción

En medio de esta controversia, el presidente Petro también abordó los rumores sobre informes de inteligencia relacionados con ciertos individuos, asegurando:

“Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimar son falsos. Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del Ejército corruptos”
. Estas afirmaciones indican que la administración actual está dispuesta a enfrentarse a las acusaciones y a defender su gestión en un momento de creciente escrutinio público.

El presidente Petro continuó su discurso al referirse a casos específicos de corrupción, mencionando incidentes como el robo de armas al ejército en La Guajira y la entrega de permisos a criminales para operar compañías de seguridad. Según Petro, estas situaciones son el resultado de un sistema que ha permitido la infiltración de intereses criminales en las instituciones del Estado.

“Varios casos como el robo de armas al ejército en La Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad, es gracias a eso”
.

Estas declaraciones se produjeron en el contexto de denuncias sobre el uso indebido de recursos del Estado, lo que ha generado un debate intenso sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y la necesidad de una supervisión más rigurosa de las acciones del gobierno en materia de seguridad y justicia.

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