Capturan a funcionarios de la Registraduría por falsificación de documentos para migrantes
Una red criminal dedicada a la falsificación de documentos migratorios fue desmantelada en Medellín, revelando la complicidad de funcionarios públicos en la expedición irregular de cédulas y pasaportes.
En un operativo que fue registrado en video, miembros de la Dijín de la Policía Nacional llegaron a una de las oficinas de la Registraduría Nacional ubicada en la comuna 16-Belén, donde procedieron a la captura de un funcionario de la entidad. Este hecho forma parte de una investigación más amplia que ha revelado una red de falsificación de documentos que operaba desde el año 2022.
Según las autoridades, el funcionario detenido facilitaba la expedición de cédulas y pasaportes colombianos a ciudadanos dominicanos, algunos de los cuales se encontraban prófugos de la justicia. Este proceso se realizaba con el objetivo de evadir los controles migratorios establecidos, permitiendo así que estos individuos pudieran viajar a otros países sin ser detectados.
“Una vez era tramitada la documentación de estas personas, eran trasladadas hacia Europa y Estados Unidos, utilizaban ropas alternas como Perú, Ecuador y Brasil para que evadieran los controles migratorios. El costo por persona para este trámite fraudulento oscilaba entre los tres mil y cinco mil dólares”, manifestó la mayor Ruby Stella Ruiz, jefe del Grupo Investigativo contra los Delitos Sexuales y la Familia.
La operación también llevó a la captura de alias ‘La Madrina’, quien es considerada la cabecilla de esta organización criminal. Su arresto se produjo en Medellín, mientras que su pareja fue detenida en Planeta Rica, Córdoba. El papel de esta mujer en la red era fundamental, ya que se encargaba de emitir instrucciones y coordinar las actividades fraudulentas que permitían la falsificación de documentos.
Las acciones de la Fiscalía no se hicieron esperar. Un fiscal de la delegada contra la criminalidad organizada imputó a los capturados por su participación en varios delitos, entre ellos el concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes, falsedad en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares. En las audiencias, dos de los detenidos aceptaron los cargos que se les imputaron, lo que refleja la gravedad de los delitos cometidos.
La investigación fue minuciosa y contó con la colaboración de investigadores y peritos de la Dijín, quienes llevaron a cabo una confrontación dactiloscópica de 27 foto cédulas colombianas con sus respectivas fichas biométricas dominicanas. Este proceso fue crucial, ya que permitió a la Registraduría proceder con la cancelación de las identidades que habían sido expedidas de manera irregular. Gracias a estas acciones, se logró desmantelar una parte significativa de la red que operaba con documentos falsos, permitiendo a los involucrados viajar a Estados Unidos y Europa sin ser detectados.
El costo de los documentos falsificados era elevado, ya que la red cobraba entre tres mil y cinco mil dólares por cada uno, lo que demuestra la magnitud del negocio ilícito que habían establecido. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre la seguridad en los controles migratorios y la integridad de las instituciones encargadas de la expedición de documentos oficiales.
Registrador auxiliar entre los capturados
La captura del registrador auxiliar es un hecho alarmante que pone de manifiesto la infiltración de la corrupción en las instituciones públicas. La participación de un funcionario de la Registraduría en este tipo de actividades delictivas no solo compromete la confianza en el sistema, sino que también pone en riesgo la seguridad nacional al facilitar la entrada de personas con antecedentes criminales a otros países.
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En el contexto de la lucha contra la criminalidad, se han reportado otros casos significativos, como la extinción de dominio de 10 inmuebles relacionados con la explotación sexual de menores. Además, se han identificado 23 grupos estudiantiles radicalizados, algunos de los cuales tienen vínculos con grupos armados, lo que resalta la complejidad de los desafíos que enfrenta el país en términos de seguridad y orden público.
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