Medellín

Fiscalía acusa a ‘El Costeño’ y David Acosta por homicidio en Medellín

La Fiscalía General de la Nación ha presentado una acusación formal contra dos hombres por su presunta implicación en el asesinato de un comerciante mexicano en Medellín.

Fiscalía acusa a ‘El Costeño’ y David Acosta por homicidio en Medellín

Acusación formal contra ‘El Costeño’ y David Acosta

La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso significativo en su lucha contra el crimen organizado, al radicar una acusación formal en contra de Elder José, conocido como alias ‘El Costeño’, y David Acosta. Ambos son señalados por su presunta participación en el homicidio de un comerciante mexicano, un hecho violento ocurrido el pasado 30 de junio de 2024 en el exclusivo sector de El Poblado, ubicado en Medellín, Antioquia.

Detalles del homicidio

La víctima, un hombre de 54 años que se dedicaba al comercio de tecnología, fue asesinado de manera brutal dentro de su local comercial. Según los informes, recibió ocho disparos que le causaron la muerte de forma inmediata, lo que ha generado una profunda conmoción en la comunidad local y ha elevado la preocupación por la seguridad en la zona.

Investigación y elementos probatorios

Durante la audiencia celebrada en Bogotá, la Fiscalía presentó una serie de elementos que, según su investigación, vincularían directamente a Elder y David con la planeación y ejecución del crimen. A través de registros de desplazamientos, comunicaciones y encuentros, los investigadores lograron reconstruir los movimientos de los acusados un día antes del ataque. Se determinó que ambos viajaron desde Bogotá a Medellín con el propósito de coordinar los detalles del atentado.

Delitos imputados

La acusación formal incluye los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego agravado. Estos cargos reflejan la gravedad de los hechos y la naturaleza premeditada del ataque. La Fiscalía sostiene que la precisión con la que se llevó a cabo el homicidio indica un plan meticuloso, con roles claramente definidos dentro de una estructura criminal que operaba con sigilo y tenía la capacidad de ejecutar asesinatos selectivos.

Implicaciones adicionales

La relevancia del caso ha aumentado considerablemente, especialmente al confirmarse que ‘El Costeño’ ya se encuentra privado de la libertad por su supuesta participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La Fiscalía argumenta que su presunta implicación en ambos crímenes sugiere la existencia de una organización criminal con la capacidad de articular atentados de alto impacto, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad pública y la integridad del sistema político en el país.

Situación de David Acosta

Por su parte, David Acosta Díaz se encuentra recluido en la cárcel de Acacías, en el departamento de Meta, debido a otro proceso judicial en su contra. La Fiscalía ha recordado que, en relación con este crimen, otras tres personas ya han sido condenadas a través de preacuerdos. Antonio Rafael Herrera Escobar fue sentenciado a 25 años de prisión, mientras que Jhon Fabio Prada Rico y Anthony Johan Tobar Ponceleón recibirán penas de 18 años cada uno. Estas condenas reflejan el compromiso de las autoridades por llevar ante la justicia a todos los involucrados en este caso de violencia.

Impacto en la comunidad

El asesinato del comerciante mexicano ha generado un clima de inseguridad en Medellín, especialmente en el sector de El Poblado, conocido por ser un área exclusiva y de alto nivel socioeconómico. La comunidad local ha expresado su preocupación por el aumento de la violencia y la necesidad de medidas más efectivas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Este caso pone de manifiesto la urgencia de abordar el fenómeno del crimen organizado y sus implicaciones en la vida cotidiana de las personas.

Conclusión del proceso judicial

A medida que avanza el proceso judicial, se espera que la Fiscalía continúe presentando pruebas que respalden su acusación contra ‘El Costeño’ y David Acosta. La atención pública está centrada en este caso, que no solo representa un desafío para las autoridades, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado y proteger a sus ciudadanos.

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