Extinción de dominio de inmuebles turísticos por explotación sexual de menores en Medellín
En los últimos dos años, la ciudad ha tomado medidas drásticas contra la explotación sexual de menores, incluyendo la extinción de dominio de 10 inmuebles turísticos.
En Medellín, la lucha contra la explotación sexual de menores ha tomado un giro significativo en los últimos dos años, con la extinción de dominio de 10 inmuebles turísticos. Este proceso, que se ha intensificado desde 2024, busca enfrentar un problema alarmante que afecta a niños y adolescentes en la ciudad. De estos inmuebles, seis fueron confiscados en el año 2024 y cuatro adicionales en 2025, destacando la urgencia de abordar esta problemática social.
Las organizaciones dedicadas a la protección de la niñez han expresado su preocupación por la falta de regulación en estos espacios, que se han convertido en terrenos fértiles para la explotación sexual. Según estas entidades, los inmuebles destinados a renta corta presentan serias falencias en el control de arrendamiento, lo que permite que se oculten las identidades de los ocupantes y que la entrada a estos lugares sea bastante clandestina. Esto es especialmente preocupante en el caso de las viviendas turísticas informales, donde la falta de supervisión es aún más evidente.
Un dato alarmante es que más del 80% de los 18 extranjeros capturados en Medellín por delitos relacionados con la explotación sexual de menores en los últimos dos años, fueron detenidos en viviendas turísticas en compañía de una menor víctima. Las zonas más afectadas por estos incidentes incluyen Laureles, Belén, El Poblado y el Centro de la ciudad. Este contexto ha llevado a plataformas como Airbnb a tomar medidas drásticas, retirando 150 inmuebles de su oferta el año pasado, en un intento por mitigar este riesgo.
Medidas implementadas y su impacto
En el transcurso del año actual, se han suspendido ocho viviendas turísticas, lo que demuestra un esfuerzo continuo por parte de las autoridades para controlar esta situación. La Secretaría de Gestión y Control Territorial ha ido más allá, solicitando la suspensión de 2,000 registros nacionales de turismo debido a irregularidades detectadas en estos alojamientos temporales. Esta acción refleja una respuesta institucional a la creciente preocupación por la seguridad de los menores en el contexto de la explotación sexual.
La extinción de dominio es una herramienta legal que permite a las autoridades recuperar propiedades utilizadas para actividades ilícitas. En este caso, se busca no solo sancionar a los propietarios de estos inmuebles, sino también enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la explotación de menores. La comunidad ha respondido con un llamado a una mayor regulación y supervisión de los espacios destinados al alojamiento turístico, insistiendo en que es fundamental establecer medidas que protejan a los más vulnerables.
El papel de la comunidad y las organizaciones
Las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de la infancia han instado a la comunidad y a las autoridades a colaborar en la identificación y denuncia de situaciones sospechosas. La participación activa de los ciudadanos es crucial para erradicar este tipo de delitos. La educación sobre los riesgos asociados con el uso de inmuebles turísticos es otra de las estrategias que se están promoviendo, con el fin de crear conciencia sobre la importancia de proteger a los menores.
Asimismo, es vital que las plataformas de alquiler a corto plazo implementen políticas más estrictas y efectivas para verificar la identidad de los usuarios y las condiciones de los inmuebles que ofrecen. La transparencia en estos procesos es un paso necesario para garantizar la seguridad de los menores y prevenir que estas situaciones de explotación continúen ocurriendo.
Un llamado a la acción
La situación actual en Medellín requiere un enfoque multifacético que involucre a las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general. La extinción de dominio de inmuebles turísticos es solo una parte de un esfuerzo más amplio para abordar la explotación sexual de menores. Es imperativo que se continúe trabajando en la creación de un entorno seguro para todos los niños y adolescentes, donde su bienestar y derechos sean respetados y protegidos.
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